Ciudad de Guatemala, 8 jul. (AGN).- La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar una acción promovida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) que obliga al Congreso de la República a reformar el Código Procesal Penal para garantizar el derecho a apelar decisiones sobre reparación digna.
A través de un comunicado oficial la PGN indicó:
La Corte de Constitucionalidad en sentencia exhortativa dictada por el expediente 5079-2023, establece que las víctimas y agraviados tienen derecho a impugnar, mediante recurso de apelación, las resoluciones sobre reparación digna dictadas dentro del procedimiento especial de aceptación de cargos.
Con ello, el máximo tribunal de Guatemala declaró con lugar una acción promovida por la PGN que obliga al Congreso a reformar el Código Procesal Penal para garantizar el derecho a apelar decisiones sobre reparación digna.
#ComunicadoPGN| La Corte de Constitucionalidad dio la razón al Estado de Guatemala al establecer que el Código Procesal Penal debe garantizar el derecho de apelar las decisiones sobre reparación digna en los procesos de aceptación de cargos. 👇🏼📑 pic.twitter.com/WhnYC7wJXt
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) July 8, 2026
La petición
La Procuraduría General de la Nación, promovió la acción de inconstitucionalidad general parcial por omisión, señaló que la decisión fortalece las garantías procesales, promueve una justicia reparadora y contribuye a la seguridad jurídica en el país.
Actualmente, el mecanismo de apelación carece dicha vía de impugnación, lo que generaba un vacío legal señalado por la PGN en su planteamiento original ante la Corte de Constitucional.
Como consecuencia directa de este fallo, la CC exhortó al Congreso de la República a realizar las reformas legales necesarias para incorporar formalmente el recurso de apelación en estos casos, con el fin de cerrar el vacío normativo identificado y ampliar las garantías procesales disponibles para quienes resultan afectados por hechos delictivos.
Ante ello, la PGN resalta que esta decisión representa un avance significativo en la defensa de los intereses del Estado. Además, responde a un esfuerzo sostenido por perfeccionar el marco legal en materia de reparación a víctimas.
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