Ciudad de Guatemala, 14 oct (AGN).- El gobierno del presidente Bernardo Arévalo recalcó este lunes que las autoridades trabajan con la mayor prioridad en la recaptura de los pandilleros fugados de la prisión y que se castigará con el peso de la ley la posible participación de funcionarios y personal de seguridad en la evasión.
El titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Santiago Palomo, en la rueda de prensa conjunta La Ronda, llevada a cabo en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, lamentó el caso de la evasión de 20 reos de la prisión Fraijanes II, conocido el fin de semana.
Es un caso que definitivamente preocupa y que alerta a todo nuestro gobierno, el cual tiene entre sus principales objetivos en el área de la seguridad pública el combate contra el crimen organizado y las pandillas.
Resaltó que las autoridades guatemaltecas han desplegado las acciones necesarias para dar directamente con estas personas (los reos fugados), en tanto que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) del área operativa rastrean al grupo de peligrosos pandilleros evadidos.
Al parecer, los presuntos líderes de maras escaparon de prisión con la complicidad de funcionarios y custodios del sistema penitenciario.
Palomo aseveró en este sentido que el caso sería parte de las enormes dificultades heredadas en el Sistema Penitenciario del país, en donde se han encontrado situaciones de privilegio y amplias redes de extorsión que este gobierno combate diariamente.
Puntualizó que el gobierno del presidente Arévalo presentó la semana pasada dos iniciativas de ley ante el Congreso de la República.
Dichas iniciativas vienen a consolidar herramientas que efectivamente permitan ganar esta importante batalla contra la delincuencia organizada, enfatizó el titular de la SCSP.
Ministro: investigar la fuga de reos y llegar al fondo del caso cueste lo que cueste
En su intervención en La Ronda, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que el escape de los 20 reos sin duda es una falla gravísima del Sistema Penitenciario, por lo que se destituyó al director general junto con numerosos funcionarios y personal de seguridad de las prisiones.
Sin duda es un suceso que no debió ocurrir, no hay explicación que valga, indicó tras anunciar las destituciones y aclarar que, si bien no se tiene evidencia de la posible complicidad en la fuga, se presentarán al Ministerio Público las denuncias correspondientes derivadas de la investigación a fondo que se desarrolla.
Vamos a llegar al fondo cueste lo que cueste, afirmó el ministro de Gobernación, quien reiteró que, de acuerdo con la investigación, cada funcionario que haya tenido el más mínimo involucramiento por acción u omisión será denunciado penalmente y separado del cargo.
En este gobierno no se va a tolerar complicidad ni debilidad, y menos corrupción, recalcó, luego de anunciar la realización de pruebas de polígrafo a todos los directores de todos los centros penitenciarios del país y, a diferencia de otros momentos, este filtro se efectuará con la cooperación de Estados Unidos.
El objetivo es capturar a todos los fugados
Cada policía que está en una comisaría, cada policía que está cercano a la frontera, cada policía que está de servicio en una comunidad de Guatemala, deberá permanecer atento, pues tiene como objetivo y como misión concreta y específica precisamente dar con estos criminales, evadidos de Fraijanes II, subrayó.
El ministro Jiménez destacó que, en los operativos de recaptura, que apoya el Ejército Nacional, se contará con la colaboración internacional.
Aseveró que desde el primer momento hemos activado los mecanismos de cooperación internacional, con una coordinación directa con Interpol e intercambio de información y el apoyo en Inteligencia de los gobiernos de El Salvador, Honduras y México.
El ministro también exhortó al Congreso de la República a mostrar su voluntad política y aprobar lo más pronto posible las reformas propuestas por el Ejecutivo, que son herramientas de carácter operativo para reforzar la lucha contra la delincuencia en general.
Se trata de reformas de carácter operativo en el Código Penal y en otras leyes que, entre otras ventajas, crea las condiciones para la atención de reos vinculados a maras y pandillas, lo cual no se autoriza en la normativa vigente, reiteró.
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