Alta Verapaz, 12 abr (AGN).- Recientemente se efectuó la segunda entrega del Programa de Alimentación Escolar y la ampliación de su cobertura ha permitido llegar este año a 300 mil 424 estudiantes del sector público en Alta Verapaz.
La dirección departamental de Educación (Dideduc) informó que hasta la fecha se han invertido 85.7 millones de quetzales. Esto ha propiciado la dotación de diversos productos de la canasta básica para contribuir a la nutrición de niños y adolescentes.
A partir de este ciclo escolar, el beneficio es para alumnos desde el nivel inicial, de 0 a 4 años, hasta el medio, que abarca básicos y diversificado. Así, se fortalece la lucha contra la desnutrición y se incentiva la permanencia en las aulas.
Según la Dideduc, el aumento de menores atendidos es de 34 mil 711, pues en 2022 se alcanzó a 265 mil 713 pequeños inscritos en preprimaria y primaria.
Trascendencia
El Programa de Alimentación Escolar tiene por objeto contribuir al crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes en edad escolar. Por ello, se enfoca en el aprendizaje, rendimiento académico y formación de hábitos alimenticios saludables.
La cobertura este año tiene un carácter universal, pues se favorece a la población estudiantil de todos los niveles en el sector oficial, lo cual ha sido bien recibido por padres de familia, quienes han destacado la importancia de esta ayuda.
El Ministerio de Educación (Mineduc) resaltó que, como lo establece la ley, cada menor recibe alimentos frescos y no perecederos con base en los menús validados en 2022. Para contribuir a la reactivación económica local, cada ración incluye productos procedentes de la agricultura familiar.
#EducaciónAGN | Durante el ciclo escolar 2023, este beneficio llegará a 3.1 millones de estudiantes, gracias a la ampliación del programa a otros niveles educativos.https://t.co/iaONRf85Gv
— AGN (@AGN_noticias) March 28, 2023
La inversión diaria por cada alumno de preprimaria y primaria es de 6 quetzales, mientras que para para los niveles inicial y medio es de 4 quetzales. Así lo norma el Decreto 12-2021.
Además, se garantiza la fiscalización y transparencia mediante el involucramiento de las organizaciones de padres de familia (OPF). Estas instancias están a cargo de la ejecución del programa, con apoyo del personal docente y autoridades educativas.
Con información de Andony Coronado
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