Ciudad de Guatemala, 29 abr (AGN).- El proceso para la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030 continúa su curso conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República y la Ley de Comisiones de Postulación.
Así lo explicó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, en entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), en la que detalló las fases que actualmente desarrolla el Ejecutivo tras recibir la nómina oficial de seis aspirantes.
Guerrero aclaró que, aunque algunos sectores esperaban una designación inmediata por parte del presidente de la República, el procedimiento legal contempla una etapa obligatoria de impugnaciones que debe agotarse antes de que pueda emitirse el acuerdo gubernativo correspondiente.
Además, Guerrero manifestó:
El proceso para la designación del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público está actualmente en nuestra cancha. La Comisión de Postulación entregó la nómina de seis candidatos y a partir de ese momento se habilitó un período de impugnaciones que debe conocerse antes de cualquier designación.
Período de impugnaciones marca la ruta legal
El funcionario explicó que el plazo para presentar impugnaciones es de 72 horas contadas a partir de la publicación oficial de la nómina en el Diario de Centro América.
De acuerdo con Guerrero, este período forma parte esencial del procedimiento legal y ninguna autoridad puede omitirla:
Si se presentan impugnaciones, la Comisión de Postulación cuenta con otras 72 horas para resolverlas. Si no se presentan, se da por agotada la vía administrativa y eso habilita al Presidente para emitir el acuerdo gubernativo.
Esta disposición, añadió, responde a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación, normativa que regula la transparencia y legalidad del proceso.
El secretario general subrayó que la existencia de estos plazos responde a garantías institucionales que buscan fortalecer la legitimidad de la elección y asegurar que cualquier objeción pueda resolverse conforme a derecho.
Hoy el Presidente @BArevalodeLeon inició las entrevistas a los aspirantes a Fiscal General del Ministerio Público.
Este paso permite avanzar en el proceso mientras se cumple la ley de Comisiones de Postulación que mandata esperar 72 horas por posibles impugnaciones. 🫱🏻🫲🏽 pic.twitter.com/vv1EWRIEan
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) April 29, 2026
Entrevistas buscan conocer propuestas de los aspirantes
Mientras transcurre el período de impugnaciones, el presidente de la República decidió iniciar las entrevistas con los seis candidatos incluidos en la nómina y enviada por la Comisión de Postulación.
Según explicó Guerrero Garnica, estas reuniones tienen como propósito conocer a profundidad los planes de trabajo, prioridades institucionales y posturas de cada aspirante sobre temas estratégicos relacionados con el Ministerio Público.
La intención es conocer cuál es el plan de trabajo que tienen los candidatos y cuál es su postura sobre los desafíos que enfrenta el Ministerio Público, aseguró Guerrero.
El secretario precisó que estas entrevistas no están reguladas de manera específica por la Constitución ni por la Ley de Comisiones de Postulación, por lo que su desarrollo responde a una facultad discrecional del mandatario.
Asimismo, señaló que la legislación tampoco exige que dichas reuniones sean públicas, razón por la cual el formato escogido por el Ejecutivo responde exclusivamente a criterios administrativos.
Presidente no puede omitir etapas del procedimiento
Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera acelerar o incluso saltarse algunas fases del proceso.
Frente a esa posibilidad, Guerrero fue enfático en señalar que la ley no permite ninguna alteración:
No podemos omitir este proceso. El artículo 251 de la Constitución es claro al establecer que el Presidente debe elegir al próximo fiscal general de una nómina de seis candidatos presentada por la Comisión de Postulación.
Añadió que cualquier omisión representaría una vulneración al marco constitucional y comprometería la legitimidad del nombramiento.
El funcionario insistió en que la administración actual está comprometida con el respeto irrestricto al Estado de derecho y a los procedimientos establecidos.
Transparencia y observación constitucional
Guerrero también destacó que el proceso ha estado sujeto a mecanismos de control constitucional.
Recordó que recientemente la Corte de Constitucionalidad hizo observaciones respecto al análisis de requisitos evaluados por la Comisión de Postulación, lo que motivó una revisión inmediata por parte de esa instancia.
La Comisión, afirmó, atendió de manera expedita lo ordenado por la Corte y trasladó al Ejecutivo la nómina definitiva con las observaciones ya incorporadas.
Este procedimiento, dijo, constituye una muestra del funcionamiento de los controles institucionales diseñados para garantizar transparencia:
Todo esto demuestra que existen mecanismos legales para asegurar que la elección se desarrolle con apego absoluto a la ley.
El secretario general explicó que una vez agotadas todas las etapas procesales el Presidente quedará habilitado para emitir el acuerdo gubernativo de designación.
No obstante, recordó que el nombramiento surtirá efectos a partir del 17 de mayo, fecha en la que deberá asumir funciones el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público.
El Presidente podrá realizar la designación en cuanto esté legalmente habilitado, pero el acuerdo tendrá vigencia a partir del 17 de mayo, cuando el nuevo funcionario tome posesión.
Esto significa que la decisión podría conocerse en los próximos días o dentro de las semanas siguientes, siempre dentro del plazo constitucional.
Ejecutivo llama a respetar el proceso
Finalmente, Guerrero envió un mensaje a la ciudadanía y a los sectores que han manifestado inquietud por los tiempos del proceso.
Aseguró que el Gobierno está actuando conforme al marco legal y reiteró que el presidente Bernardo Arévalo cumplirá con su responsabilidad constitucional sin apartarse de las reglas democráticas:
Tenemos un Presidente profundamente democrático, consciente de que garantizar la democracia implica respetar los procedimientos legalmente establecidos.
El secretario concluyó señalando que el Ejecutivo mantiene el compromiso de asegurar una transición ordenada en el Ministerio Público, garantizando que el próximo fiscal general sea designado mediante un proceso legítimo, transparente y respetuoso de la institucionalidad del país.
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