Izabal, 14 jun (AGN).- Bajo el cielo nublado, lluvia o sol, el personal de la Delegación Regional de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en Izabal recorre varios kilómetros con la única misión de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Alrededor de tres veces por semana viajan a comunidades lejanas a las que solo se puede ingresar vía marítima.
Para llegar a alguno de estos sitios, se recorren alrededor de dos horas en lancha y luego se debe caminar entre dos y cuatro horas más.
El equipo que realiza las constataciones está conformado por profesionales en psicología, trabajo social e investigadores. Salen a las 8:00 de la mañana de Puerto Barrios y con regularidad muchas jornadas se extienden hasta las 18:00 horas.
Este trabajo no se hace de forma individual, pues se coordina interinstitucionalmente el transporte que facilita el Comando Naval del Caribe o Brigada de Infantería de Marina. Además, se recibe apoyo de las municipalidades.
La licenciada Linda Isales, trabajadora social de la delegación, comentó que muchas veces solicitan apoyo a la Policía Nacional Civil para que brinden acompañamiento, pues han visitado lugares conflictivos donde no es posible hacer las constataciones porque los habitantes los reciben de manera violenta.
Rescates
En lo que va del año se ha rescatado a 13 NNA, principalmente por libertad e indemnidad sexual.
La delegada regional de Izabal explicó que se tienen casos de agresión y violencia sexual con muchos adolescentes de entre 12 y 14 años.
Asimismo, mencionó que la situación en cuanto a la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia en el departamento es un poco compleja. En la delegación se conocen alrededor de 8 a 10 audiencias diarias en el Juzgado de Niñez, ya sea por verificación de medidas o audiencia de conocimiento de hechos.
Las autoridades destallan que los derechos que más se vulneran son a la integridad personal, educación, identidad y salud.
Seguimiento
Recientemente la delegación realizó una constatación en la comunidad Barra Lámpara, ubicada en el municipio de Livingston.
En la localidad se verifican las medidas dictadas por el juez en el caso de una adolescente de 14 años que atentó contra su vida porque no le dieron permiso para tener un noviazgo.
El personal de PGN dio seguimiento al caso para verificar el estado actual de la adolescente. Después de hacer las entrevistas respectivas, se le restituyó el derecho a la educación, pues no estaba inscrita en ningún centro educativo. Además, se le dará atención psicológica para apoyarla a construir su proyecto de vida.
A pesar de las adversidades, el equipo de PGN continúa con el compromiso de velar por la restitución de derechos de los NNA. Las autoridades resaltan que ellos merecen vivir en entornos saludables que les permitan crecer física, mental y socialmente.
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