Ciudad de Guatemala, 5 sept (AGN).- La Policía Nacional Civil (PNC) retiró 32 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en las colonias Justo Rufino, Vásquez y Loma Blanca, zona 21 de la Ciudad de Guatemala. La acción forma parte de las estrategias de seguridad para recuperar el control de espacios utilizados por grupos criminales.
En el operativo participaron agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE) y División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE).
También se contó con la participación de personal de Asistencia Jurídica, elementos del Ejército de Guatemala y trabajadores de la Municipalidad de Guatemala.
Cámaras eran utilizadas por grupos criminales
De acuerdo con las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad, los dispositivos habían sido instalados de manera irregular. Estas cámaras eran utilizadas por grupos criminales que operan en el sector.
Las cámaras permitían mantener vigilancia sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad y de posibles víctimas. Por ello, su retiro busca reducir las herramientas utilizadas para facilitar actividades delictivas en el área.
La PNC informó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en distintos sectores de la capital.
Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21
Un total de 32 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular fueron retiradas en las colonias Justo Rufino, Vásquez y Loma Blanca, zona 21. pic.twitter.com/Ih5Hisv5Pl
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 5, 2026
Buscan recuperar espacios en zona 21
La intervención interinstitucional también tiene como objetivo recuperar espacios para los vecinos de la zona 21 y contribuir a generar condiciones de mayor tranquilidad.
Las autoridades mantienen acciones de seguridad y prevención en áreas identificadas como prioritarias, con el propósito de reforzar la presencia institucional y limitar las condiciones que pueden ser aprovechadas por estructuras criminales.
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