Ciudad de Guatemala, 24 ago. (AGN).– El Gobierno de Guatemala rechazó cualquier amenaza contra periodistas, en este caso específicamente se refirió al de Rodrigo Arenas, presidente editor de un medio digital, quien denunció públicamente la existencia de un presunto plan para atentar contra él y miembros de su equipo editorial.
Durante La Ronda de esta semana, el presidente Bernardo Arévalo explicó que, ante una denuncia de este tipo, el Estado activa los mecanismos establecidos para determinar el nivel de riesgo y definir las medidas de protección correspondientes.
Nosotros, por supuesto, repudiamos cualquier amenaza que pueda existir sobre cualquier persona, en este caso muy concretamente sobre un periodista que ha sido amenazado a raíz de la publicación que efectúa en su medio.
Responder es atender a la población donde más lo necesita. Y eso estamos haciendo: actuar de inmediato y responder con hechos. #LaRondaGt https://t.co/wkceL80uAF
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 24, 2026
Seguridad
Arévalo señaló que, por medio del Ministerio de Gobernación, se puso a disposición de Arenas una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC) especializada en realizar análisis de riesgo y establecer medidas de protección, las cuales pueden ser implementadas si la persona las acepta.
Según el Presidente, agentes de esta unidad acudieron a la oficina de Arenas para practicar la evaluación correspondiente; sin embargo, en el primer intento no lograron reunirse con él. La posibilidad de hacer el análisis de riesgo permanece disponible.
El mandatario también aclaró que corresponde al Ministerio Público determinar, mediante las investigaciones respectivas, el origen, alcance y credibilidad de las amenazas denunciadas.
Nosotros, como Gobierno de la República, no podemos a priori establecer […] el alcance de una amenaza, la medida en que esta puede ser o no creíble, quién puede estar detrás o no.
El Gobierno reiteró así su rechazo a cualquier acto de intimidación o amenaza contra periodistas, al tiempo que mantiene a disposición los mecanismos estatales de protección mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Lea también:
lr/jm/dm