Ciudad de Guatemala, 13 ago (AGN).– El Ministerio de Gobernación (MINGOB) rechazó los señalamientos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que declaró como violadores de derechos humanos a dos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) por el desalojo de Juana Santiago Chel, de 72 años, y su familia, ocurrido el 30 de julio en el caserío Xecoxó, en Nebaj, Quiché.
Gobernación sostuvo que la diligencia se desarrolló en cumplimiento de una orden judicial firme y con la presencia de representantes del juzgado, la Procuraduría General de la Nación (PGN), paramédicos y un delegado de la propia PDH.
PNC defiende actuación y señala debido proceso
A través de un comunicado, la PNC reiteró su compromiso constitucional con los derechos humanos y aseguró que sus intervenciones operativas se fundamentan en los principios de legalidad.
La institución explicó que el procedimiento se originó por un litigio de carácter intrafamiliar y que los agentes acudieron para cumplir el mandato emitido por el juzgado correspondiente.
No obstante, la PNC lamentó que durante la diligencia no se concretara una mediación oportuna y expresó su preocupación por los señalamientos realizados por el procurador de los Derechos Humanos.
Según la Policía, la PDH era la instancia facultada para ejercer una mediación técnica e imparcial en el lugar y contribuir a evitar un escalamiento del conflicto.
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— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 13, 2026
Investigación interna permanece activa
Gobernación informó que desde el 31 de julio inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades individuales. La Inspectoría General de la PNC mantiene activa la investigación sobre el personal que participó en el operativo.
La institución enfatizó que cualquier sanción administrativa o destitución debe realizarse conforme a los estatutos internos y al marco legal vigente, garantizando el debido proceso.
El caso representa un desafío para la estrategia de seguridad del Gobierno, que busca hacer cumplir las órdenes judiciales y ejercer autoridad, al mismo tiempo que garantiza el respeto a los derechos humanos y evita percepciones de abuso policial.
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