Ciudad de Guatemala, 6 jul (AGN).– La ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, participó en la ronda de este lunes, en la cual compartió las acciones que como ministerio realizan al tener un mandato legal de procurar el equilibrio ecológico y evitar la contaminación.
La ministra Orantes indicó que, a pesar de ser un ministerio de tener 25 años de existencia y con un presupuesto menor a los de instituciones como Educación, han ido transformando la institución como una herramienta efectiva de protección a la naturaleza.
Y estas acciones contemplan el combate a la impunidad ambiental que, según mencionó, es desde donde el país ha sufrido mucho debido al irrespeto absoluto a la ley. Al igual facilitando la inversión pública y privada.
Estamos protegiendo nuestro patrimonio natural y también el derecho a un ambiente sano.
Aumento de verificaciones y denuncias
La titular de la cartera de Ambiente mencionó que han aumentado en un 380 % las inspecciones al sector privado y público para verificar que se estén cumpliendo los compromisos ambientales incorporados en sus licencias.
Esto dijo al respecto:
Las licencias no son un papel como la licencia de conducir. Es un compromiso legal que contiene compromisos de cómo operar un proyecto para no dañar el ambiente.
De igual manera, compartió que han aumentado 217 % las inspecciones ambientales en respuesta a las denuncias ciudadanas; pasaron a más de 300 % las denuncias ambientales resueltas, encontrando una gran cantidad de denuncias ciudadanas abandonadas.
Afirmó que, por primera vez, han suspendido y cancelado 27 licencias que nunca debieron de otorgarse o que estaban mal utilizadas.
Inversión pública y privada
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, informó que la cartera ha logrado reducir significativamente los tiempos de evaluación de proyectos con alto impacto ambiental. Según detalló, de los aproximadamente 50 proyectos de esta categoría que se analizan cada año, los plazos de resolución se han reducido en un 60 %.
Mientras que en 2023 el promedio para otorgar una licencia ambiental era de 180 días e incluso podía extenderse hasta 2 años, actualmente el proceso tarda en promedio 84 días.
Durante su intervención en la ronda, Orantes enfatizó que el trabajo del ministerio no consiste únicamente en gestionar trámites administrativos, sino en realizar análisis técnicos para determinar las condiciones bajo las cuales deben operar los proyectos a fin de prevenir impactos ambientales.
La funcionaria también destacó avances en la atención de licencias de bajo impacto ambiental, conocidas como categoría C. En estos casos, los tiempos de aprobación se redujeron en un 80 %, alcanzando un promedio de siete días, apenas dos días por encima del plazo legal establecido.
Como resultado de estas acciones, indicó que el país ha experimentado un aumento sostenido en la demanda de licencias ambientales. De acuerdo con los datos presentados, las solicitudes crecieron un 18 % entre 2023 y 2024, mientras que entre 2024 y 2025 se registró otro incremento del 13 %, cifras que superan tanto el crecimiento económico como el crecimiento poblacional.
La ministra agregó que, en el caso de las licencias relacionadas con productos químicos y sustancias peligrosas, reguladas por compromisos internacionales para prevenir la contaminación, la demanda ha aumentado hasta en un 50 %.
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