Ciudad de Guatemala, 3 feb. (AGN).- La vicepresidenta Karin Herrera se pronunció en el marco de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) de este 4 de febrero para definir a un magistrado titular y un suplente ante la Corte de Constitucionalidad para los próximos cinco años. Esto, debido al amparo provisional que mantiene vetados a los profesionales de ciencias afines agremiados al CANG, dejando únicamente a los abogados con derecho a votar.
La libre participación es uno de los pilares de la democracia guatemalteca, que venimos construyendo desde hace más de 40 años, dijo la vicemandataria en referencia a la llamada era democrática del país. Con esta base, consideró que toda vulneración al derecho político de elegir y ser electos, fundamentado en la Constitución, debilita lo que se ha avanzado.
La libre participación es uno de los pilares de la democracia guatemalteca, que venimos construyendo desde hace más de 40 años.
Toda vulneración al derecho político de elegir y ser electos, fundamentado en la Constitución, debilita lo que se ha avanzado.
— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) February 4, 2026
A espera de la Corte de Constitucionalidad
A pocas horas de que los agremiados deban votar, la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos al menos dos solicitudes de amparo y un ocurso de queja de la Junta Directiva del CANG en contra de la resolución de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resolvió restringir del voto a los profesionales de las ciencias afines agremiados al CANG, que incluyen a las ramas de sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales y criminología.
Además, la presidenta del CANG, Patricia Gámez, expuso que se solicitó una aclaración a dicha sala sobre los alcances de la resolución. Esto, ya que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria establece que la Asamblea General del CANG se integra por todos los profesionales agremiados, sin distinción de profesión.
La votación comenzará a las 8:00 horas de este miércoles, por lo que se espera la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
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dc/dm