Ciudad de Guatemala, 18 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este domingo que su Gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales solicitadas por el Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos por corrupción.
En una rueda de prensa de urgencia, Arévalo de León advirtió que la justicia en Guatemala está en crisis y añadió que citó nuevamente al a fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, para que brinde explicaciones de su labor, como establece la ley.
Se elaborará mecanismo para evitar cumplir órdenes ilegales
EL presidente Arévalo explicó que su gobierno elaborará un mecanismo para que las fuerzas de seguridad bajo el mando del Gobierno no ejecuten órdenes ilegales que son emitidas por el Ministerio Público.
La decisión del Presidente tiene lugar después de que el Ministerio Público allanara el domingo junto a la Policía Nacional Civil la vivienda del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado.
Hoy nuevamente somos testigos de una acción espuria más del Ministerio Público, señaló el gobernante.
Alvarado dejó su cargo esta semana luego de tomar el puesto en mayo, en el Ministerio de Comunicaciones, uno de los más complicados del gabinete.
El ahora exministro dijo que dejaba su cargo lurho de no llegar a acuerdos con el presidente Arévalo con respecto al camino que debía tomar la institución.
Según afirmaron analistas durante el último semestre, la llegada de Alvarado representó el cierre de un foco de corrupción históricamente exprimido por políticos que reciben sobornos de constructoras en el país centroamericano.
El allanamiento de este domingo se suma a más de una docena de procedimientos judiciales que el Ministerio Público ha iniciado desde 2023 en contra del partido Movimiento Semilla y sus miembros luego de que ganaran las elecciones del año pasado.
El Gobierno y la comunidad internacional calificó esos procedimientos como ataques a la democracia e incluyen la detención de la exdiputada Ligia Hernández, quien estuvo más de 90 días en prisión este año.
La cúpula del Ministerio Público, bajo el mando de Consuelo Porras Argueta, recibió sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años bajo acusaciones de corrupción y de atacar a la democracia por intentar revertir los resultados electorales de 2023. EFE
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