París, 26 dic (EFE).- Cuando se acaba de sobrepasar el simbólico umbral de los 100 mil casos diarios, Francia entró de lleno en su quinta ola de COVID-19, con el temor de una paralización del país, por un esperado aumento de las bajas laborales debido al alto grado de contagio de la variante ómicron.
Para este lunes está programada la reunión del Consejo de Ministros. En este se propondrán nuevas reglas para frenar el avance del virus y evitar así la desorganización del país. Esto lo previó esta semana el Consejo Científico que asesora al Gobierno, en una controvertida carta que se publicó este domingo.
En ella piden que se postergue el retorno a clases presenciales, previsto para el 3 de enero de 2022. Recomienda que esto se haga hasta que la incidencia haya bajado a niveles considerados seguros. En la actualidad está en torno a los 650 casos por cada 100 mil habitantes, lejos de los 200 casos del nivel considerado seguro.
El #MSPAS informa la cantidad de personas que han recibido la primera dosis y el esquema completo de la vacuna contra el #COVID19. #PlanVacunaCOVID19
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— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) December 25, 2021
Síndrome en jóvenes
El Consejo Científico lo integran 50 profesionales de la salud de diferentes especialidades. Estos argumentan que así se evitará que la nueva ola de contagios agrave el aumento inédito del síndrome inflamatorio multisistémico entre los más jóvenes. Este se considera la primera causa del ingreso de los menores en las unidades de cuidados intensivos.
Según denuncia este grupo, las hospitalizaciones de niños superan ya las de las oleadas precedentes, con más de 800 de menos de 10 años. Entretanto, las de adolescentes se sitúan en las 300, cifras que no dejan de crecer.
La misiva pretende presionar al Ejecutivo de Emmanuel Macron, muy reticente desde el inicio de la pandemia a cerrar las escuelas por el negativo impacto que acarrea en el desarrollo de los menores y en la organización de las familias.
Si el papel de la escuela es indiscutible, lamentamos los escasos medios puestos en marcha hasta ahora por el Ministerio de Educación para frenar la epidemia en las escuelas, denuncian los firmantes. Con ello se refieren a la falta de filtros de aire o una campaña de pruebas eficaz.
Nuevas medidas
Mientras, el Gobierno se prepara para aprobar este lunes, a partir de las 17 horas, una nueva batería de medidas contra el COVID-19. Una hora antes de la reunión del Consejo de Ministros, Macron estará al frente del Consejo de Defensa Sanitaria en el que se darán las directrices de la nueva ley.
La proyección del Ejecutivo es que se apruebe en la Asamblea Nacional a mediados de enero de 2022.
Entre las nuevas medidas que entrarán en vigor, se espera la polémica imposición de obligatoriedad de vacunarse como única opción para obtener el pase sanitario. Este es imprescindible para hacer una vida normal y que hasta ahora podía lograrse también con una prueba negativa. Convencer a los 5 millones de franceses que quedan por vacunarse es el principal objetivo.
También se especula que se suavizarán las reglas de aislamiento para los casos de contacto (puede llegar a los 17 días para la variante ómicron de COVID-19). La idea sería evitar una falta de personal que impida a sectores básicos trabajar normalmente debido a las bajas laborales.
Si hay más de 100 mil casos diarios, tienes 10 casos contacto efectivos por cada caso; quiere decir que son 1 millón de personas que habría que confinar, alertó este domingo en las columnas del Jornal de Dimanche (JDD) el prestigioso epidemiólogo Antoine Flahault.
Relativizar riesgo de paralización económica
También en las páginas del JDD, el presidente de la patronal francesa, Geoffroy Roux de Bézieux, asume cierta inquietud por el impacto económico de la quinta oleada de COVID-19, aunque pide relativizar.
Hemos aprendido mucho en dos años de pandemia“, sostiene Roux de Bézieux, quien insiste en que no hay razones para entrar en pánico sobre un posible desabastecimiento.
El líder empresarial aclaró que el caso francés será diferente al británico, pues el vecino Reino Unido, en dificultades para mantener una normal actividad económica por ómicron, dejó un millón de puestos de trabajo sin cubrir por haber cerrado las puertas a los inmigrantes.
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