Ciudad de Guatemala, 20 ene (AGN).– Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitó Guatemala en mayo del 2025 y compartió en un artículo que confirmó el carácter sistemático de la criminalización y su amplio impacto en los pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y periodistas.
Satterthwaite hizo referencia a que Guatemala se encuentra en una encrucijada crucial al iniciar el proceso de nombramientos judiciales y se debe dar un paso decisivo para eliminar la instrumentalización del sistema judicial.
Los procesos a los que se refirió la experta de la ONU fueron las cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para el Tribunal Supremo Electoral, cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para la Corte de Constitucionalidad, al igual que al próximo o próxima fiscal general para liderar el Ministerio Público.
El nombramiento de personas de probada integridad, asegura, sería un paso clave para poner fin a este patrón abusivo de criminalización.
⚖️ La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, advierte que Guatemala debe evitar que personas vinculadas a abusos de poder lleguen a puestos clave 👀. Exige un paso decisivo para frenar la instrumentalización del sistema judicial 🚫⚖️ pic.twitter.com/0vkTGeDafg
— Ricigt (@Ricigt1) January 20, 2026
Elecciones para salvaguardar la democracia
En cuanto a estas tres instituciones que atravesarán renovación de cargos en este 2026, Satterthwaite señaló que los involucrados en los procesos de elección tienen el papel crucial de salvaguardar la gobernanza democrática, los derechos humanos, el orden constitucional y el Estado de derecho.
Es deber de cada actor relevante en el proceso cumplir con sus responsabilidades con la máxima rigurosidad. Deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de acuerdo con las normas aplicables, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y las recomendaciones emitidas anteriormente por este mandato y otros mecanismos internacionales.
La relatora advirtió que Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas, en las cuales personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron obtener nombramientos para estos puestos clave.
Por estas razones, opina que todas las personas contra las que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de dichas denuncias.
Finalmente, Satterthwaite pidió que se proteja a las personas que participan en los procesos de nombramiento, tanto a los candidatos como a los integrantes de las comisiones de postulación, y que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que no haya interferencias indebidas por parte de grupos y redes de corrupción dentro de las comisiones o durante el proceso de nombramiento.
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