Guatemala, 12 de diciembre de 2025 (AGN).- El presidente Bernardo Arévalo presentó disculpas públicas en nombre del Estado por la desaparición forzada de cuatro personas ocurridos hace varias décadas, específicamente en el caso de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis.
El mandatario, acompañado de la vicepresidenta Karin Herrera, encabezó el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado en este caso.
El presidente Arévalo reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición de las cuatro personas, así como el derecho de sus familiares a esclarecer la verdad y conocer el paradero de sus seres queridos.
Al respecto, el Presidente manifestó:
Este acto de disculpas públicas no es un acto que el Gobierno asuma como una obligación legal o como resultado del acatamiento de una sentencia.
Al reconocer la responsabilidad del Estado, el Presidente manifestó:
En mi calidad de presidente constitucional de la República y de representante del Estado, pido disculpas públicas a las y los familiares de Agapito Pérez, Nicolás Mateo, Macario Pú y Luis Ruiz, por su desaparición forzada y a sus familiares por la posterior denegación de justicia.
En en el acto de lectura del Acuerdo de Disculpa Pública acompañaron al mandatario el titular de la Comisión por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Elvyn Díaz, la representante de la familia de las víctimas el señor Sotero Ruiz y el representante de las Comunidades Étnicas Runujel Junam, Amílcar Méndez.
El 4 de septiembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), dictó Sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República de Guatemala por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los señores Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis y sus familiares.
Los hechos
La Corte determinó que, en el marco del conflicto armado interno que tuvo lugar en el territorio guatemalteco, los señores Pérez Lucas, Mateo, Pú Chivalán y Luis Ruiz fueron amenazados y perseguidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado con motivo de las actividades que desarrollaban en la defensa de los derechos humanos, viéndose obligados a desplazarse del departamento de Quiché, donde residían, hacia Suchitepéquez.
Una vez en el último lugar citado, dichas personas fueron víctimas de desaparición forzada por parte de integrantes del Ejército de Guatemala.
A su vez, el Tribunal estableció que las autoridades internas no han cumplido sus obligaciones de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar, de manera diligente y en un plazo razonable, los hechos ocurridos, ni han emprendido una búsqueda eficiente, integral, adecuada y diligente del paradero de las víctimas.
La sentencia
La CorteIDH también determinó que lo ocurrido a las personas desaparecidas produjo angustia y sufrimiento a sus familiares, entre quienes se encontraban niños y niñas, todo lo cual conllevó a una afectación a su integridad psíquica y moral.
En consecuencia, la Corte declaró que Guatemala vulneró, en perjuicio de los señores Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías procesales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, a defender los derechos humanos y de circulación y de residencia.
Asimismo, declaró que el Estado conculcó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a conocer la verdad, a la integridad personal, a la protección de la familia y los derechos de la niñez, en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas.
El presidente Arévalo señaló que las disculpas también implican el compromiso de que hechos como ese no vuelvan a repetirse y de tomar las medidas necesarias para reparar el daño.
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