Ciudad de Guatemala 1 mar. (AGN).- La presidenta en funciones Karin Herrera sancionó este viernes 28 de febrero el decreto 3-2025, el cual estipula cárcel para personas que ingresen a niñas, niños y adolescentes a las cárceles guatemaltecas. Esto garantizará la protección de menores.
La presidenta en Funciones señaló:
La niñez y la adolescencia estarán más seguras con la aprobación de la Ley para prevenir y sancionar la trata en el sistema penitenciario.
Con esta nueva normativa se crea el delito de ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes a centros de detención que impondrá más de 10 años de cárcel y hasta 500 mil quetzales de multa a quiénes faciliten este acceso ilegal.
✍🏻 Dimos un paso histórico:
Como presidenta en funciones he sancionado el decreto que pone al centro a las niñas, niños y adolescentes.
Queremos justicia y protección para las víctimas de violencia sexual.
¡El Decreto 03-2025 será ley! pic.twitter.com/S90awDjqNF
— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) March 1, 2025
Orden en las cárceles
Destacó que, con estas medidas, se impondrá orden en las cárceles mediante controles estrictos en las visitas para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual y trata en estos lugares.
Ya no hay excusas, los responsables deberán enfrentar la justicia, fueron las palabras de la vicepresidenta Herrera el 18 de febrero, día en que fue aprobada esta ley por el Congreso de la República de Guatemala.
Además, se crea el delito de Ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes a centros de detención para castigar estos atroces crímenes.
La niñez y la adolescencia estarán más seguras con la aprobación de la Ley para prevenir y sancionar la trata en el Sistema Penitenciario.
Con estas medidas, se impondrá orden en las cárceles mediante controles estrictos en las visitas para evitar que niñas, niños y adolescentes… pic.twitter.com/yobCyQE5te
— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) February 19, 2025
Sobre la aprobación de esta ley
Con el voto de 111 diputados, el Congreso de la República aprobó el pasado martes 18 de febrero, el Decreto 3-2025 que reformó el Decreto 33-2006, Ley del Régimen Penitenciario y al Decreto 1773, Código Penal, para regular las visitas de niñas, niños y adolescentes a los centros carcelarios, y estableció que sólo podrán realizarse cuando los reos sean parientes consanguíneos dentro del primer o segundo grado. Esta medida tiene como objetivo prevenir la trata de menores.
El propósito de esta Ley es proteger a la niñez guatemalteca de los delitos de trata de personas dentro del sistema penitenciario.
Se establece, además, que de cometer el delito de ingreso ilegal de menores a los centros de detención enfrentan penas de más de 10 años de prisión y multa.
La legislación también prevé la creación de un trabajo interinstitucional entre el Sistema Penitenciario, el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), entre otras instituciones.
#EnElPaísDCA | Comisión de Gobernación emitió dictamen favorable para la iniciativa que impulsa la Ley contra la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema Penitenciario. Se espera que el pleno del Congreso conozca pronto la propuesta.
✍🏻 Luis Carrillo
📷 Mario León pic.twitter.com/1nkm7W4nKd— Diario de Centro América (@DiariodeCA) October 24, 2024
Las visitas
Se regula también que los menores cuyos padres se encuentren encarcelados deben estar acompañados en todo momento por una persona adulta que tenga su tutela, guarda o custodia, quien será responsable de su entrada, permanencia y salida.
Además, se crea el delito de ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes a centros de detención. Con esta Ley, se impondrá orden en las cárceles mediante controles estrictos en las visitas, con el fin de evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia sexual y trata en estos lugares.
Finalmente, la ley establece la creación y reglamentación de un sistema de registro y control de los menores que ingresen como visitas familiares a los centros de detención. Además, habilita un mecanismo de visitas virtuales, y establece que la persona adulta acompañante debe tener la patria potestad o tutela del menor.
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bl/ir