Ciudad de Guatemala, 07 ene (AGN). – Durante la primera Ronda de este año, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, compartió que ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender temporalmente el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, se tienen ciertas brechas.
En el tema de inversión se ajusta ahora a un monto del año 2025, de 148 mil 526 millones, por lo tanto, las nuevas iniciativas de infraestructura, desarrollo social y fortalecimiento previstas para el 2026 se postergarán hasta la aprobación de un marco presupuestado actualizado que atienda las necesidades del país.
Entre los proyectos que se tenían previstos se encuentra la construcción de la cárcel de máxima seguridad, contemplada en el Decreto 11-2025 Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, la cual queda desfinanciada por el momento.
De igual forma, se suspenden los gastos asignados para las metas presidenciales como la construcción y mejoramientos de puestos de salud, escuelas y servicios de extensión agrícola, entre otros.
Se desfinancian los proyectos de puertos y aeropuertos, necesarios para el impulso y desarrollo económico del país. Además, con la suspensión del decreto se suprimen los fondos para Entidades de reciente creación como la Dirección de Proyectos Viales Prioritario (DIPP) y la Superintendencia de Competencia.
La iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, contempla un plan estratégico de profesionalización en contrataciones públicas 📓✍🏻, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal especializado en esta área. 👩🏫 📊
#AlPuebloDignoSeLeResponde @jmenkos… pic.twitter.com/tCNGUMUm9m— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) January 4, 2026
Aprobación de préstamos y deuda pública
El viceministro también informó que el Congreso de la República de Guatemala había aprobado cinco préstamos estratégicos mediante los decretos 22, 23, 24. 25 y 26-2025 que suman la cantidad de mil 350 millones de dólares destinados a programas de gasto social, electrificación rural, infraestructura vial, movilidad rural y finanzas públicas.
Sin embargo, ante la falta de aprobación del presupuesto general, a pesar de estar aprobados existe riesgo de no poder ejecutarlos y cubrir los compromisos adquiridos de una forma técnica y eficiente, lo que compromete la ejecución de los proyectos y la sostenibilidad financiera de las obligaciones pactadas.
Finalmente, la suspensión temporal del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2026, compromete la continuidad y ampliación de la cobertura de la prestación de bienes y servicios públicos.
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ca/rm