Ciudad de Guatemala, 14 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Guatemala a garantizar que los procesos de elección de operadores de justicia se realicen sin interferencias y bajo estándares internacionales.
Por medio de un comunicado, el organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que la integridad en estos nombramientos es una oportunidad crítica para recuperar la legitimidad institucional y fortalecer el Estado de derecho.
La CIDH manifestó su preocupación por las denuncias de irregularidades en la designación de integrantes de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el cargo de fiscal general durante este 2026.
Posibles irregularidades
La Comisión ha venido dando seguimiento a la conducción de los procesos de elección (…) sobre los cuales se recibieron diversas denuncias de irregularidades presentadas, resaltó el organismo internacional en su pronunciamiento.
Respecto de la Corte de Constitucionalidad, el proceso concluyó recientemente para el período 2026-2031 con la designación de sus últimas dos magistradas por el Ejecutivo el miércoles pasado, quedando integrada por 10 magistrados elegidos por los tres poderes del Estado, el gremio de abogados y la universidad estatal.
Aunque este proceso finaliza la conformación del máximo tribunal, analistas sugieren que la actual correlación de fuerzas mantiene al Gobierno en minoría frente a una mayoría opositora dentro de la corte.
Asimismo, el Congreso de Guatemala eligió el pasado 10 de marzo a los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032, tras una votación sobre una nómina de candidatos seleccionados por la Comisión de Postulación y previamente cuestionada.
En este marco, la CIDH subrayó anomalías como la injerencia del Ministerio Público (Fiscalía) con fines intimidatorios, la falta de entrevistas a aspirantes y la exclusión de electores mediante modificaciones judiciales de último momento.
Sobre la elección de fiscal general, el ente advirtió con alarma sobre la continuidad de Consuelo Porras en el proceso, pese a los graves señalamientos en su contra por parte de organismos internacionales y la sociedad civil.
Porras mantiene una confrontación directa con el presidente Bernardo Arévalo, quien la señala de liderar intentos de golpe de Estado, mientras el mandatario califica de burla su intención de buscar un tercer mandato consecutivo pese a las sanciones internacionales.
Se debe privilegiar al mérito
El organismo recordó que estos procesos deben elegir a personas basadas en el mérito e independencia, lo que implica que no existan sospechas de su participación en violaciones a los derechos humanos o casos de criminalización.
Las personas operadoras de justicia tienen por función la aplicación idónea del derecho, no la representación de facciones ni intereses políticos, sentenció la institución.
Finalmente, la CIDH reiteró que un sistema de justicia imparcial es esencial para proteger los derechos humanos y confirmó que mantendrá un seguimiento cercano al cierre de estos procesos para que se ajusten a los estándares interamericanos.
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