Ciudad de Guatemala, 3 jul (AGN).- Un nuevo paso legal en defensa del derecho a la educación se concretó en el departamento de Izabal. El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social notificó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) la concesión de un amparo provisional. Este ordena al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) y a sus representantes locales el cese inmediato de todas las medidas de hecho que han provocado la suspensión de clases en centros educativos de la región.
La medida judicial responde a la necesidad urgente de restaurar el acceso a la educación de los estudiantes afectados por las acciones del sindicato. En su resolución, el juzgado también instruye al Comité Ejecutivo Nacional del STEG y a sus dirigentes seccionales y subseccionales en Izabal, a cumplir con la orden sin dilación, advirtiendo que el desacato podría derivar en responsabilidades penales.
No basta con suspender las protestas. La resolución judicial exige que los líderes sindicales presenten un informe detallado ante el mismo juzgado, en un plazo máximo de 24 horas tras ejecutarse la medida. De no hacerlo, el caso podría ser trasladado al Ministerio Público por el delito de desobediencia. El objetivo principal de esta acción es restituir el derecho constitucional a la educación y frenar las interrupciones en el ciclo escolar que afectan a miles de estudiantes guatemaltecos.
📢 El Mineduc aclara:
✅ Mantenemos diálogo permanente con el STEG en 4 espacios institucionales.
✅ Las contrataciones docentes 021 se deciden internamente, con base en desempeño y normativa.Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la educación pública. 🇬🇹📚… pic.twitter.com/vamEdyEYdZ
— Mineduc Guatemala (@MineducGT) July 2, 2025
Precedente en Jalapa
Esta no es la primera vez que las autoridades judiciales actúan en defensa de los estudiantes. El pasado 20 de junio, un hecho similar se produjo en el departamento de Jalapa, donde el Juzgado Primero de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, actuando como Tribunal de Amparo, también resolvió a favor de la PGN ante una solicitud presentada para frenar las asambleas permanentes organizadas por el STEG.
Dichas asambleas, realizadas en diversos municipios de Jalapa, habían obstaculizado el normal desarrollo del ciclo escolar. Por ello, el tribunal exigió la suspensión inmediata de estas medidas, instruyendo además a los representantes sindicales del departamento y a su Comité Ejecutivo Nacional a rendir un informe en un plazo no mayor a 24 horas, tal como ahora se exige también en Izabal.
Ambos fallos judiciales reflejan una postura clara de las instituciones estatales a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. Las medidas de hecho impulsadas por el STEG, si bien pueden estar motivadas por demandas laborales, no pueden sobreponerse al derecho fundamental de los estudiantes a recibir educación continua y de calidad.
La PGN ha reiterado su compromiso de continuar utilizando los mecanismos legales disponibles para proteger este derecho, recordando que los intereses colectivos deben prevalecer, especialmente cuando se trata del futuro educativo del país.
Lea también:
Tribunal da 24 horas al STEG para suspender medidas de hecho en Jalapa
lr/ir