Miami (EE. UU.), 16 may (EFE).- Una hondureña, que ha residido en Estados Unidos por tres décadas y es madre de tres hijos estadounidenses, enfrenta una multa de más de 1.8 millones de dólares por no acatar una orden de deportación emitida hace 20 años, informó el canal CBS.
La millonaria sanción sería una de las primeras emitidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) como parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump de persuadir a los indocumentados a autodeportarse.
La hondureña, de 41 años y residente en Florida, recibió el pasado 9 de mayo un cobro del departamento de multas civiles del ICE por un millón 821 mil 350 dólares.
Las autoridades de inmigración explican que la sanción se le impuso porque la mujer no cumplió con una orden de deportación en ausencia emitida en su contra en abril de 2005, según el documento citado por la televisión.
La mujer volvió a estar en la mira de las autoridades de inmigración tras someter el año pasado una moción de reapertura de su caso, acogiéndose a la Ley de los 10 Años, también conocida como Cancelación de Deportación, que permite a inmigrantes evitar ser deportados si cumplen con ciertos requisitos.
Intentó acogerse a la Ley de los 10 Años
Michelle Sánchez, abogada de inmigración que la representa, dijo a CBS que la hondureña cumple con los requisitos para ampararse a esa ley, ya que ha vivido más de 10 años en el país, tiene buen carácter moral y que su deportación causaría dificultades excepcionales para un familiar cercano ciudadano estadounidense.
Esta no es la primera vez que el ICE pone en práctica las multas civiles estipuladas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.
En el primer período de Trump (2017-2021), las autoridades migratorias enviaron multas por cientos de miles de dólares a indocumentados que se habían refugiado en santuarios para evitar su deportación.
Para entonces las sanciones estuvieron cerca del medio millón de dólares. Por ejemplo, la mexicana Edith Espinal enfrentó en 2019 una sanción de 497 mil 777 dólares por no haber acatado una orden de deportación emitida en septiembre de 2017. Luego de una batalla jurídica, ICE finalmente canceló el cobro.
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