Ciudad de Guatemala, 2 ago. (AGN).- Como parte de las acciones para fortalecer el Sistema Penitenciario y modernizar la gestión del sector justicia, el Ministerio de Gobernación, en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), inauguró una Clínica Forense en la Granja de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, la segunda habilitada en un centro de detención durante 2026.
El ministerio de Gobernación, por medio de un comunicado oficial informó:
La nueva infraestructura permitirá realizar exámenes médico-forenses directamente dentro del establecimiento penitenciario, reduciendo la necesidad de traslados de personas privadas de libertad.
Con ello se optimiza el uso de los recursos de seguridad y agilizando los procesos requeridos por las autoridades judiciales y el Ministerio Público.
El doctor Edwin Marino Salazar Díaz, jefe del Departamento Técnico Científico de @INACIFGT, inauguró la Clínica Forense de Cantel, Quetzaltenango, junto al licenciado Estuardo Solórzano Elías, viceministro del @mingobguate; y Jorge López Dellachiessa, director del @_SPGuatemala. pic.twitter.com/2LrppMWdVr
— INACIF GUATEMALA (@INACIFGT) July 31, 2026
La nueva sede
La inauguración fue encabezada por el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano; el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa; y el director técnico científico del INACIF, Edwin Salazar, quienes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para consolidar un sistema de justicia más eficiente, seguro y moderno.
Esta clínica se suma a la habilitada este año en el centro de detención de Salamá, Baja Verapaz, como parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades operativas del Sistema Penitenciario y del sector justicia mediante servicios especializados dentro de los propios centros de privación de libertad.
Con este tipo de proyectos, el Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso de impulsar una política de seguridad basada en el fortalecimiento institucional.
Además de impulsar la modernización de la infraestructura penitenciaria y la articulación entre las instituciones del Estado para garantizar procesos más ágiles, transparentes y eficientes en beneficio de la justicia y la seguridad de la población.
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