Washington, 29 may (EFE).- La Administración de Donald Trump asegura estar evaluando cómo devolver a los Estados Unidos a un guatemalteco deportado por error a México, una medida que según la prensa estadounidense constituye la primera señal pública de la disposición del Gobierno a facilitar la vuelta de un hombre expulsada sin el debido proceso.
El Ejecutivo señaló el miércoles al Tribunal de Distrito de Massachusetts que, en cumplimiento de la orden judicial del pasado 23 de mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) se puso en contacto el pasado fin de semana con los abogados del afectado.
Según su escrito, la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) está trabajando con el ICE para devolver a Estados Unidos en un vuelo chárter al guatemalteco expulsado.
Escondido en Guatemala
El hombre, que en la causa solo ha sido identificado por las iniciales O.C.G., fue recientemente expulsado a México pese a que una corte en febrero le otorgó protección humanitaria al considerar que su vida corría peligro fuera de los Estados Unidos.
El magistrado Brian Murphy del Distrito de Massachusetts ordenó el viernes al Ejecutivo facilitar su regreso por considerar que el Ejecutivo cometió un error al expulsarlo.
O.C.G., que ahora mismo se encuentra oculto en Guatemala, según sus abogados, aseguró que, por ser homosexual, su vida corría peligro en Guatemala o en México, donde dijo que lo violaron.
Murphy es el mismo magistrado que en abril emitió una orden para bloquear la expulsión de ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur.
El Gobierno de Trump supuestamente violó ese edicto al permitir el despegue de un avión con esas ocho personas, que ahora mismo permanecen bajo custodia del Gobierno estadounidense en Yibuti.
No fue la primera vez que un juez federal ordenó a la Administración de Trump traer de vuelta a un migrante deportado, puesto que una corte conminó recientemente a facilitar el retorno del salvadoreño Kilmar Ábrego García.
Este migrante se le deportó en marzo a su país pese a que también contaba con una orden previa que bloqueaba su expulsión, y aunque el Gobierno consideró que su expulsión fue un error administrativo, argumentó que no podía ayudar en su retorno porque ya se encontraba bajo custodia de otro país.
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