Ciudad de Guatemala, 6 may (AGN).- Luego de meses de lucha pero con el mismo compromiso de buscar un mejor futuro para el país, el Ejecutivo avanza en el combate de la corrupción. Prueba de esto es la presentación de una iniciativa que modifique artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para poder remover a Consuelo Porras. Luego de anunciar la iniciativa que propone reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, se cuestionó al presidente Bernardo Arévalo: ¿por qué presentarlo hasta ahora?
A la interrogante, el mandatario responde que este es el momento oportuno para presentar la iniciativa que permitirá establecer nuevos lineamientos para la remoción de quien ocupe el puesto de fiscal general del MP.
Al respecto, dijo:
Consideramos que es el momento en el que vamos a lograr movilizar el apoyo para un tema que es crítico.
En caravana junto a ministros de Estado, la vicepresidenta Karin Herrera, autoridades ancestrales, otros funcionarios y población en general, el Presidente llevó los documentos de la iniciativa de ley para entregarlos al Congreso de la República.
Ahora, el mandatario menciona que es responsabilidad de los diputados y diputadas dar una respuesta prudente a esta solicitud que también es un clamor popular.
Modificación administrativa
Aparte, el presidente Arévalo menciona que la modificación a la ley orgánica en este momento corresponde al ámbito administrativo y no al penal.
Lo anterior, debido a que se ha argumentado bajo el principio de irretroactividad, el cual prohíbe la aplicación de los efectos de las normas a situaciones o hechos surgidos o acontecidos antes de su entrada en vigor; sin embargo, este no aplica al caso pues no es una aplicación para el ámbito penal.
La propuesta es una reforma al texto de la ley como está en este momento, reestablecer los términos en que en la constitución política se concebía el funcionamiento de MP de manera que estamos corrigiendo un problema que se ha generado a través de esas reformas, evitando que el MP quede al margen en una situación de impunidad porque no rinde cuentas a ninguna entidad.
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