Ciudad de Guatemala, 28 jul (AGN).- El Ministerio de Gobernación, por medio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), junto a personal de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público (MP), reportan los primeros resultados positivos de un operativo derivado de la explotación ilegal de recursos naturales de Guatemala, específicamente jade.
Los agentes de las entidades mencionadas acudieron desde tempranas horas a tres inmuebles ubicados en Morales, Izabal. Con órdenes judiciales de allanamiento en mano, las autoridades procedieron a su inspección y registro.
Desde las 11:00 horas de este viernes, autoridades reportaron los primeros resultados de estas acciones.
Como parte de lo incautado, se reporta lo siguiente:
- varias piedras de jade
- 2 costales llenos con más piedras de jade
- 3 linternas utilizadas para detectar jade
- un radiocomunicador
- una báscula
- una hidrolavadora
- 2 mangueras
- 4 teléfonos
Además, se reporta la consignación de dos vehículos con placas P-516DMZ y P-379DPJ.
Todos los artículos descritos apuntan a una banda organizada dedicada a la explotación de jade guatemalteco. Se trata de un mineral precioso cuya explotación está regulada, y la organización investigada lo hacía de forma clandestina.
Sospechosos
En cuanto a personas detenidas, únicamente se reporta la identificación de:
- Wilmer Geovany Arita Cruz
- Osman Ricardo Lima Aroche
- Anderson Stephen Sanabria García
Hasta el momento se desconoce si estas personas serán detenidas por haber sido halladas en los inmuebles donde se incautaron las evidencias.
Explotación ilegal de jade
Esta no es la primera vez que las autoridades persiguen a una red criminal de explotación ilegal de jade. Precisamente en 2022, autoridades máximas del Mingob, MP y del Ministerio de la Defensa (Mindef) advirtieron sobre las consecuencias legales por estos delitos contra la riqueza mineral guatemalteca.
El delito de explotación ilegal de recursos naturales se encuentra regulado en el artículo 346 del Código Penal, en el que se detalla una sanción de dos a cinco años de prisión, más el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria utilizados en la comisión del delito.
Además, si el delito fuera cometido por empleados o representantes legales de alguna persona jurídica, se impondrá una multa a la entidad, que puede oscilar entre los 5 mil y los 25 mil quetzales.
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dc/dm