Ciudad de Guatemala, 14 ago (AGN).– Este viernes, en el Palacio Nacional de la Cultura, integrantes de la organización Casa Centroamérica presentaron el informe denominado La verdad del exilio, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025). El presidente Bernardo Arévalo recibió recomendaciones y anunció al menos tres acciones con el objetivo de dar respuesta en el marco de los estándares que dictan los acuerdos e institucionalidad para la defensa y promoción de los derechos humanos.
La exposición del informe estuvo a cargo del doctor Carlos Martín Beristain; el documento registra los principales grupos afectados y ámbitos de criminalización, patrones y mecanismos de la criminalización, además de los impactos personales y en las instituciones.
Entre los hallazgos se destaca que los afectados fueron personas operadoras de justicia, periodistas, autoridades ancestrales y pueblos originarios, estudiantes y defensores de los derechos humanos.
El 93 % de los casos fueron documentados entre 2018 y 2026, se dio a conocer que en la mayoría de estos se realizaron denuncias por hechos no constitutivos de delito, restricción de garantías procesales y detención arbitraria, entre otros.
Acciones que se impulsarán desde el Ejecutivo
El Presidente aseguró que el Gobierno se ha propuesto reconstruir la democracia de Guatemala y que eso implica apegarse a la protección y defensa de los derechos humanos.
El camino que tenemos por delante no es sencillo. Reconstruir la confianza en las instituciones de justicia toma tiempo, exige hechos concretos y sostenidos, no solo de este gobierno, sino de los que vendrán después.
Estas son las acciones que fueron anunciadas por el mandatario:
- Coordinar todo aquello que sea necesario con el Ministerio Público y las instituciones que tienen el mandato constitucional, acciones concretas para acabar con la instrumentalización de la justicia y de los procesos penales.
- Fortalecer los mecanismos institucionales de atención a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y operadores de justicia, para evitar los abusos judiciales
- Constituir un mecanismo interinstitucional de atención y acompañamiento a las personas que continúan en el exilio, para la implementación inmediata de un plan que haga posible un retorno seguro y digno para quienes decidan volver.
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