Ciudad de Guatemala, 22 ago (AGN).– Expertos en temas legales aseguran que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer en todos los casos que investigue el Ministerio Público (MP), tras acusaciones por las que se solicitó el retiro de inmunidad contra el presidente Bernardo Arévalo, a quien se califica de corrupto, de acuerdo con información publicada en el Diario de Centro América (DCA).
Asimismo, el MP solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar la inmunidad al mandatario por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, cuando estableció un mecanismo de pago a empresas con contratos de obras de la administración de Alejandro Giammattei y que fue desobedecida por la entonces ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega.
Además, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) vinculó al Presidente con supuestas órdenes ilegales para el pago a constructoras, algunas de las cuales, según el MP, figuran en la lista de las 410 empresas que habrían defraudado 300 millones al fisco, como lo denunció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el 14 de agosto pasado.
Emite juicio
De acuerdo con los hechos que fueron de conocimiento de la FECI, el principal responsable de fomentar la corrupción e impunidad en Guatemala es el presidente César Bernardo Arévalo de León, aseguró el fiscal Rafael Curruchiche.
El Diario de Centro América buscó la opinión de varios profesionales del derecho para conocer su criterio sobre los supuestos hechos que se presentaron durante una conferencia de prensa del fiscal de la FECI el miércoles 21 en las instalaciones del MP.
El MP no es la autoridad para calificar si hay o no un delito; solo indicios. Es un órgano jurisdiccional el que decide si hay o no un acto delictivo. No le compete a este ente prejuzgar o hacer apreciaciones adelantadas o, de una vez, calificar, dijo al DCA Nineth Montengro, licenciada en Ciencias Jurídicas y exdiputada al Congreso.
Presunción de inocencia
En tanto que Kevin López, experto en temas jurídicos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), expuso:
Es una conferencia de prensa y se debería mantener el tema de la presunción de inocencia hasta que surjan todos los procedimientos correspondientes. No deberían catalogar directamente que se cometieron o no delitos, y mantenerlo todo bajo el entendido de un supuesto.
También el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, afirmó:
Vulnerando la presunción de inocencia, el debido proceso y la inmunidad personal de que goza el Presidente, el fiscal, coordinado con la estructura criminal que les opera los casos fuera, presentó un nuevo absurdo, construido con argumentos ridículos.
El funcionario expresó que es imperativo que defendamos el Estado de derecho y exijamos transparencia y responsabilidad en todas las acciones administrativas y judiciales. No permitiremos que la corrupción y la injusticia de una minoría desesperada prevalezcan.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSP) sostuvo: Los señalamientos de la Fiscalía no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo. Los disparates del titular de la FECI no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio.
Mientras tanto, el abogado y constitucionalista Édgar Ortiz señaló que lo dicho por el fiscal es un comentario fuera de lugar, porque se supone que estos funcionarios deben guiarse por un código de ética.
Si se revisa el (código) de esa institución, es una regla que deben conducirse con imparcialidad y cuando se hacen comentarios políticos se rompe ese mandato de imparcialidad que le demanda el código de ética y todos los estándares internacionales en materia de conducta de los fiscales, afirmó Ortiz.
Además, mencionó que esa actitud contamina, de alguna forma, la legitimidad de la investigación, porque si el investigador está politizado, seguramente, su pesquisa también lo está.
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Ignorancia
Sin embargo, durante la actividad, la FECI enfatizó que entre las empresas beneficiadas con supuestos pagos ilegales ordenados por el gobernante Arévalo figura una de la que es representante legal Gabriel Orellana, quien fue nombrado miembro del Comité Jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que habría tráfico de influencias.
Por su parte, Orellana señaló:
Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia. Si el señor fiscal se hubiera tomado la molestia de leer la Carta de la OEA, tratado internacional que Guatemala suscribió, se habría dado cuenta de que ahí no puede haber nombramiento, porque el cargo de los miembros del Comité Jurídico Interamericano es por elección de la asamblea general de la OEA, es decir, 28 Estados independientes votaron a favor de mi candidatura.
Ante los señalamientos de que el mandatario violó la Constitución, el exjuez Carlos Giovanni Ruano manifestó que los del ente investigador ignoran el Artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que es claro, preciso y vigente, el cual indica que el gobernante es la autoridad administrativa superior de dicho poder. Tiene la facultad de actuar en Consejo de Ministros o de manera separada con uno o más ministerios.
Por su parte, el presidente Arévalo manifestó:
El pacto de corruptos está preocupado porque se le acabó la fiesta. Durante casi 20 años se dedicaron a hacerse ricos a costa del pueblo y del desarrollo del pueblo y en este momento se están encontrando con un gobierno que les cerró las llaves de la corrupción, porque está poniendo a trabajar el dinero para el beneficio del pueblo.
Lo que viene
La denuncia interpuesta contra el presidente Arévalo debe ser conocida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien puede rechazar el antejuicio si considera que es abiertamente político, espurio o infundado, explicó el constitucionalista Ortiz.
Si no lo rechaza, deberá remitir el expediente al Congreso, en donde, por sorteo, se deberá nombrar una comisión pesquisidora. Esta deberá elaborar un informe y recomendar si se retira o no la inmunidad al jefe de Estado, concluyó.
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