Ciudad de Guatemala, 17 sep. (AGN).- El Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, entró en vigor este jueves, una reforma que, de acuerdo con el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, constituye un elemento relevante para las evaluaciones que realizan las calificadoras de riesgo y acerca a Guatemala al grado de inversión.
Las declaraciones del funcionario se produjeron durante la 26 Conferencia sobre Supervisión Financiera, organizada por la Superintendencia de Bancos (SIB) en el marco de su 80 aniversario.
Evaluación financiera
Menkos explicó que las calificadoras de riesgo han valorado positivamente la aprobación del nuevo marco legal, al considerar que representa una modernización de las herramientas para combatir el lavado de dinero y otros activos.
El ministro señaló que la entrada en vigencia de la ley, junto con la implementación de su reglamento, forma parte de los elementos que pueden contribuir a acercar al país al grado de inversión.
“Estamos solamente a un peldaño para obtener el grado de inversión ”, afirmó el funcionario al referirse al proceso para alcanzar esa categoría.
🇬🇹✅El ministro señaló que Guatemala avanza hacia reformas importantes en la supervisión y el cuidado del sistema financiero.
En ese contexto, destacó el Decreto 15-2026, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que cobró vigencia este día y forma parte de los cambios… pic.twitter.com/wlGM8Gvu7I
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) September 17, 2026
Próximos pasos
Menkos indicó que actualmente se trabaja en la construcción del reglamento que permitirá desarrollar las disposiciones de la nueva legislación.
El proceso es liderado por la Superintendencia de Bancos y cuenta con la participación del Ministerio de Finanzas Públicas y otras instituciones. Según explicó, uno de los principales retos consiste en concluir este reglamento y avanzar en el proceso de adecuación de las entidades a las nuevas reglas.
El funcionario destacó que, desde la perspectiva del Ministerio de Finanzas Públicas, estos trabajos avanzan a buen ritmo y resaltó el liderazgo de la Superintendencia de Bancos en la implementación del nuevo marco legal.
La entrada en vigor del Decreto 15-2026 constituye así una nueva etapa en la aplicación de las medidas nacionales de prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, mientras las instituciones avanzan en las disposiciones necesarias para su implementación.
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