Ciudad de Guatemala, 17 jun (AGN).– El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), junto a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), brindaron una conferencia de prensa para presentar avances de la investigación relacionada con la denuncia por la compra del medicamento Remdesivir en el 2020.
El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, compartió al inicio de la conferencia que el ministerio ha hecho más de 100 denuncias penales por casos de corrupción, entre estos aquellos que han ocurrido en los servicios de Salud del país.
En este sentido, el asesor y encargado de la Unidad de Asuntos Internos y Probidad del Ministerio, Mynor Melgar, expuso los avances del caso de corrupción por la compra del medicamento Remdesivir, durante el año de la pandemia.
Sobre este caso, expuso que en abril encontraron un sobreabastecimiento por una gran cantidad de millones de quetzales en diferentes hospitales del país. Este hecho, indicó, es sumamente grave debido a que buena cantidad de estos fondos deberían estar destinados a otras prioridades y no a productos que habían pasado durante pandemia.
El total de las ventas al Estado de Guatemala por parte de la Farmacéutica Aviv, fue de 69 millones 880 mil 90 quetzales, entre agosto del 2020 y junio de 2021, Además, esa empresa era la única ofertante.
Melgar explicó que las ventas se hicieron con medicamentos de otros nombres, pero con el mismo componente, remdesivir, por el cual se hicieron otras compras de 77 millones 778 mil 5 quetzales para la farmacéutica Botica, en el 2021. Señaló que ambas farmacéuticas controlaron el mercado, logrando vender en conjunto 143 millones 13 mil 5 quetzales durante el 2020 y 2021.
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— Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) June 17, 2026
Sobreabastecimiento de medicamento
Durante la presentación del caso, las autoridades explicaron que una averiguación administrativa permitió establecer que varios hospitales adquirieron cantidades de Remdesivir que no respondían a necesidades reales. Como ejemplo, citaron que el Hospital de Quiché, que compró 2 mil 500 viales en diciembre de 2021 y para abril de este año aún conservaba el 85 % del inventario, equivalente a 2 mil 128 viales.
Cada unidad tenía un costo aproximado de 2 mil 500 quetzales, lo que representa varios millones en medicamentos que permanecieron almacenados sin ser utilizados.
Según la investigación, situaciones similares se detectaron en otros centros asistenciales. El Hospital de Nebaj adquirió mil 284 viales en octubre de 2021 y, casi cinco años después, todavía mantiene en existencia 974 unidades. Asimismo, en el Hospital de San Marcos permanecían almacenados 424 viales.
Para las autoridades, estos casos evidencian compras excesivas que carecían de justificación técnica y que habrían favorecido a determinados proveedores.
El ministerio también denunció incumplimientos contractuales relacionados con la reposición de medicamentos próximos a vencer. De acuerdo con los hallazgos, alrededor de mil 700 viales no fueron sustituidos por los proveedores, pese a que existían cláusulas y cartas de compromiso que los obligaban a hacerlo. Esta situación habría generado pérdidas millonarias para el Estado.
Personas involucradas
Las autoridades sostienen que los indicios recopilados apuntan a la existencia de una red que involucraba a trabajadores del Ministerio de Salud y empresas proveedoras, las cuales presuntamente coordinaron acciones para beneficiar intereses particulares.
Entre las prácticas señaladas figuran la agilización irregular de registros sanitarios, la concentración de compras en determinados proveedores, adquisiciones sobrevaloradas y abastecimientos que excedían ampliamente las necesidades de los hospitales.
Como parte de la denuncia, el MSPAS solicitó que se unifiquen diversos expedientes que anteriormente fueron archivados, desestimados o permanecen sin avances.
Según explicaron, las investigaciones previas analizaron los hechos de manera aislada, sin considerar que podrían formar parte de un mismo esquema de defraudación. El objetivo es que el Ministerio Público examine el caso de manera integral para identificar patrones de actuación y establecer responsabilidades.
La cartera de Salud también señaló la participación de funcionarios que ocuparon cargos clave en el área de regulación y control de productos farmacéuticos durante el período en que se aprobaron las autorizaciones vinculadas al Remdesivir.
Según la denuncia, varios nombramientos se realizaron días antes de la emisión de resoluciones consideradas irregulares, un aspecto que, a criterio de las autoridades, debe ser investigado para determinar si existió coordinación previa entre los involucrados.
Solicitud al Ministerio Público
Asimismo, se indicó que la investigación deberá establecer el grado de participación de representantes legales de las empresas proveedoras, directores de hospitales y otros funcionarios que tuvieron injerencia en las decisiones de compra.
Las autoridades cuestionaron que algunos hospitales realizaran adquisiciones de grandes volúmenes de Remdesivir, incluso superiores a las efectuadas por centros especializados que atendían la mayor cantidad de pacientes con covid-19.
Finalmente, el Ministerio de Salud informó que entregará al Ministerio Público toda la documentación recopilada durante la averiguación administrativa y brindará el apoyo necesario para el desarrollo de las investigaciones.
Las autoridades afirmaron que el propósito es evitar que estos hechos queden en la impunidad y sentar precedentes que permitan prevenir futuras irregularidades en la administración de recursos destinados a la atención de la salud pública.
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