Ciudad de Guatemala, 19 mar (AGN).- El Gobierno de Guatemala afirmó este martes que, a fin de proteger a la población, se impone el estricto cumplimiento de la Ley de Tránsito y anticipó acciones de la autoridad para disolver manifestaciones y bloqueos de vías ilegales.
El presidente Bernardo Arévalo, comprometido con garantizar el bien común y la dignidad del bien común, dispuso asumir el estricto cumplimiento a la Ley de Tránsito que, hasta ayer, carecía de reglamentación, se indicó en un comunicado.
La falta del reglamento correspondiente impedía que se cumpliera la obligación de que todo propietario de un vehículo cuente con seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes, un tema que llevó más de un año de diálogo entre los sectores involucrados.
Como gobierno hemos implementado el reglamento que se requería para cumplir las obligaciones legales, fortalecer la seguridad vial del país y, fundamentalmente, garantizar la dignidad de miles de familias guatemaltecas.
Es una medida, urgente y necesaria, que por años fue postergada por administraciones anteriores, dejando sin protección a millones de personas.
El compromiso del @GuatemalaGob con el pueblo de Guatemala es inquebrantable: dignidad, cumplimiento de la ley y diálogo con todos los sectores. pic.twitter.com/EHUo4M5iaD
— Secretaría de Comunicación Social (@SCSPGT) March 19, 2025
Autoridades supervisarán ejercicio de derechos
En respuesta a las manifestaciones que obstaculizan el libre tránsito, el Gobierno puntualizó que durante décadas las familias guatemaltecas han estado desprotegidas.
De tal manera que más de dos millones de personas fueron víctimas de acciones de tránsito sin resarcimiento.
Lamentó la situación de muchas familias que diariamente sufren, pagando ese costo a veces con su propia vida, como sucedió el pasado diez de febrero con el trágico evento en la calzada La Paz que causó decenas de pasajeros del transporte público fallecidos.
Las autoridades resaltaron que se llevaron a cabo medidas razonables y proporcionales para garantizar tanto el derecho a la liberad de locomoción, como el derecho a la manifestación, asegurando el orden público y el respeto a las garantías constitucionales.
Los cambios conllevan desafíos naturales, pero son necesarios para devolver la confianza y sentar las bases de un país donde la seguridad y la dignidad del pueblo están por encima de intereses particulares, recalcó el Gobierno guatemalteco.
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