Ciudad de Guatemala, 4 de dic. (AGN).– La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, derivado del cumplimiento de la Ley de Extinción de Dominio, 6.8 millones de quetzales y otros bienes pasaron a favor del Estado de Guatemala recientemente.
La Dirección de Extinción de Dominio de la PGN participó en dos procesos en noviembre de 2024, lo que permitió que pasaran a favor de Estado 4.2 millones de quetzales, un vehículo de alta gama modelo 2024 y 351 mil 150 dólares (unos 2.6 millones de quetzales).
#NoticiasPGN | 📰 El Estado recibió más de Q.6.8 millones en extinción de dominio durante el mes de noviembre.
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Los casos fueron registrados en Huehuetenango y en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Ninguno de los involucrados pudo justificar el origen lícito del dinero, por lo que el juez competente declaró procedente la acción de extinción de dominio. En cuanto al vehículo, el propietario tampoco pudo demostrar la capacidad económica suficiente para haberlo adquirido.
Con relación al hecho acontecido en el AILA, según el artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, las personas que entran o salen del país con más de 10 mil dólares o su equivalente en moneda nacional deben declararlo y, en este caso, la persona involucrada intentó ingresar con 341 mil 630 dólares, sin declararlos como corresponde y sin acreditar el origen lícito del mismo.
Fortalecimiento de instituciones
La extinción de estos activos coadyuva al fortalecimiento de las instituciones que establece la Ley de Extinción de Dominio, ya que con los recursos obtenidos se pueden financiar programas de prevención del crimen y mejorar la seguridad ciudadana, lo cual contribuye a una sociedad más segura y justa.
No obstante, la institución que se encarga de velar por la correcta administración de los bienes extinguidos es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) como órgano ejecutor del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).
La Dirección es la dependencia encargada de actuar en representación del Estado para hacer cumplir la ley, pues de manera objetiva coadyuva, coopera y colabora institucionalmente en los casos relacionados con este tema a fin de defender al Estado.
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