Bruselas, 22 ago (EFE).- La Unión Europea (UE) aseguró este jueves que la decisión del Ministerio Público (MP) de solicitar el retiro de inmunidad del presidente Bernardo Arévalo por un supuesto caso de corrupción se enmarca en un patrón más amplio y altamente preocupante de acusaciones e investigaciones políticamente motivadas que apuntan al gobierno actual.
Comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE, señala:
La Unión Europea ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el uso indebido y la instrumentalización del sistema judicial, en particular a raíz de las elecciones de 2023 y de los esfuerzos en curso por anular la voluntad del pueblo guatemalteco.
El supuesto caso de corrupción fue anunciado por el fiscal Rafael Curruchiche y el secretario general del MP, Ángel Pineda, ambos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la UE bajo graves señalamientos de corrupción y de querer modificar los resultados electorales de 2023, y la denuncia procede del dirigente de una fundación de extrema derecha, también sancionado por Estados Unidos.
El origen es el despido en mayo pasado de la hasta entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, a quien el gobernante destituyó después de que emitiera pagos a empresas constructoras sin su autorización, algo que consideró ilegal.
"Las actuaciones del #MinisterioPúblico forman parte de un patrón altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas contra el gobierno actual. La #UniónEuropea mantiene su firme compromiso con la #Democracia en #Guatemala."
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— Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) August 22, 2024
Compromiso con la democracia
La UE se mantiene firme en su compromiso de apoyar la democracia en Guatemala y permanece vigilante ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho, señala el portavoz del SEAE, quien recordó que la Unión Europea impuso las sanciones a Curruchiche, Pineda, del MP, y otras tres personas en febrero pasado.
Curruchiche, Pineda y la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, emprendieron en 2023, luego del triunfo electoral de Arévalo, una persecución judicial en contra del ahora gobernante, que denunció en septiembre de ese mismo año un golpe de Estado en su contra para evitar que tomara posesión en enero de 2024.
La persecución judicial en contra del partido Movimiento Semilla y Arévalo de León, con varios casos judiciales en su contra, llegó después de que el académico ganara las elecciones presidenciales en 2023 con un discurso anticorrupción. EFE
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