Ciudad de Guatemala, 17 Jul (AGN).- Este jueves 17 de julio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) recibió la notificación de una resolución judicial emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, la cual impone una multa de 4 mil quetzales a cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), así como a sus líderes seccionales y subseccionales.
Los señalados deberán cancelar la sanción económica en un plazo de cinco días hábiles, una vez la resolución quede firme. Posterior al pago, cada dirigente sancionado deberá entregar al juzgado una copia del recibo correspondiente, que respalde el cumplimiento de la medida. El monto se entregará a favor de la Corte de Constitucionalidad (CC), según lo dispuesto por la autoridad judicial.
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— Mineduc Guatemala (@MineducGT) July 17, 2025
Fallo responde a desacato de orden judicial
El juzgado resolvió aplicar esta sanción por el incumplimiento de una orden previa que exigía al sindicato suspender cualquier acción que limitara el acceso a la educación pública. La CC ya había otorgado un amparo provisional para asegurar la continuidad del servicio educativo, sin interrupciones causadas por protestas o medidas de hecho promovidas por STEG.
El 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad reiteró en su resolución que el derecho a manifestarse no puede interferir con la educación de los estudiantes guatemaltecos. La máxima corte constitucional del país subrayó que las manifestaciones del STEG estaban afectando directamente a la niñez y adolescencia, al suspender clases y restringir el funcionamiento normal de los centros educativos públicos.
Tras recibir la notificación, la PGN reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la población infantil y juvenil. En un pronunciamiento público, la institución recalcó que el derecho a la educación es irrenunciable y no puede ser utilizado como moneda de cambio en ninguna circunstancia.
El derecho a la educación no se negocia.
La resolución judicial marca un precedente importante en la protección de los derechos de los estudiantes frente a acciones sindicales que buscan presionar al Estado mediante la interrupción del sistema educativo.
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