Ciudad de Guatemala, 13 oct. (AGN).- El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios, condenó ayer a Kevin Geovanni Castellanos Rosales, pandillero del Barrio 18, a 79 años y cuatro meses de prisión por su participación en el ataque armado ocurrido el 18 de enero pasado, en la colonia El Limón, zona 18, donde dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron asesinados.
El ataque ocurrió el 18 de enero cuando los uniformados Diana Rossemary Chávez Alarcón, de 28 años, y Juan Antonio Paredes Mayén, de 31, recibieron justicia.
Juan Paredes era de Baja Verapaz y tenía 4 años y 6 meses de servicio. Mientras Diana Chávez tenía 3 meses y 6 días en las fuerzas policiales. Era de El Chagüite, Jalapa.
Castellanos Rosales se convirtió en el primer condenado por los cargos de asesinato, terrorismo, asociación ilícita y portación ilegal de armas bélicas de uso exclusivo del Ejército.
Compartimos las siguientes notas de @DiariodeCA
Tribunal impone 79 años a culpable de asesinar a dos PNC
(portada, página 3)Aumenta decomiso de armas ilegales y capturas
(página 8) https://t.co/62GcgVWl5p— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 13, 2026
La sentencia
La sentencia incluye seis años por asociación ilícita, 50 por asesinato; 10 años por uso de armas exclusivas del Ejército y 13 años y cuatro meses por terrorismo.
Además, tiene la obligación de una multa de 33 mil dólares (Q252 mil 739.54) o pagarla de manera diaria con 100 quetzales hasta completar la cifra mencionada. El imputado quedó absuelto del delito de sedición.
Además de Castellanos, otros dos presuntos integrantes de la misma estructura criminal ya fueron enviados a juicio, aunque los debates aún no han iniciado.
Se trata de Ruth Noemí López Sanco, señalada de facilitar un vehículo utilizado en uno de los ataques, y de Harol Yeraldo Salguero Morales, alias Liro Rebelde, a quien el Ministerio Público imputa participación en los hechos del 18 de enero.
El vocero de la PNC, Jorge Aguilar Chinchilla, indicó al Diario de Centroamérica.
Ver estos avances eficientes en el sistema de justicia ayudan a que todo el engranaje se articule de manera correcta para detener a los criminales.
⚖️ Sentencias condenatorias
El Ministerio Público logró que el Tribunal de Sentencia Penal y Narcoactividad del departamento de Chiquimula dicte sentencia condenatoria en dos casos distintos, por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
En el primero de ellos, la fiscalía logró sentencia condenatoria de 40 años de prisión inconmutables contra Carlos F. por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
La investigación determinó que el 17 de abril del 2016, en la aldea San Isidro, municipio de Esquipulas, Chiquimula, el ahora sentenciado se acercó al vehículo en el que se conducían sus víctimas y disparó en repetidas ocasiones, provocando la muerte de dos personas e hiriendo a una tercera.
En el segundo caso, se obtuvo sentencia condenatoria de 14 años de prisión inconmutables contra Edwin D., por el delito de homicidio en grado de tentativa. La fiscalía demostró que el 11 de enero de este año, en la colonia Linda Vista, Chiquimula, el ahora sentenciado disparó en reiteradas ocasiones contra su víctima con el objeto de darle muerte.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 8, 2026
Los hechos
Todo se registró cuando el 18 de enero del 2026 una jornada de violencia dejó saldo de 11 agentes de la PNC ultimados, la cual, según el Ministerio Público, fue efectuada por órdenes del líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, alias Lobo, en represalia a las intervenciones de las fuerzas de seguridad en el centro carcelario Renovación I en Escuintla, donde las autoridades retomaron el control.
Tras esto, el 26 de enero el Organismo Judicial emitió el Acuerdo 06-2026, que amplió la competencia de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo para conocer, tramitar y resolver los procesos por delitos de terrorismo.
Esto, en respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la llamada ley antipandillas, en octubre de 2025, y sancionada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en noviembre de ese mismo año. Dicha norma denomina a las pandillas organizaciones criminales transnacionales y terroristas.
Tras la entrada en vigor del primer estado de sitio en el país, el mismo 18 de enero, día de los atentados, 10 días después se detuvo al ahora sentenciado.
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