Ciudad de Guatemala, 6 oct (AGN).– El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, presentó la Iniciativa de Fortalecimiento Penitenciario y de Tratamiento ante Grupos Delictivos Organizados u Organizaciones Criminales Autodenominadas Maras o Pandillas, conocida como ley antipandillas, la cual propone reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Contra la Delincuencia Organizada y Ley de Terminales Móviles.
Durante la presentación, la viceministra de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Claudia Palencia, explicó que esta propuesta no surgió de manera improvisada, sino que es el resultado de varios meses de coordinación entre distintas instituciones del Gobierno.
Acerca de la iniciativa y reformas, Palencia afirmó:
Es una propuesta que se ha venido trabajando desde hace meses, no es sorpresiva ni improvisada. Se ha hecho en conjunto con diferentes instituciones del Gobierno para fortalecer el sistema penitenciario y el combate a las maras.
Dentro del proyecto se contempla la creación de una cárcel específica para personas vinculadas a pandillas, con el fin de separar a los miembros de estas estructuras del resto de la población reclusa.
El Ministro Jiménez destaca que estas reformas legales fortalecerán la lucha contra el crimen organizado en el país. Además, destaca que es clave la participación activa de todos los sectores de la sociedad. “El país ya despertó, y no vamos a retroceder”. pic.twitter.com/rC2vnfuoy7
— MinGob (@mingobguate) October 6, 2025
Reformas clave contra la extorsión
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la reforma de artículos relacionados con los delitos de extorsión, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito.
La propuesta busca prohibir el uso de productos financieros a personas investigadas o condenadas por estos delitos, debido al incremento en el uso de cuentas bancarias, principalmente de mujeres, para operaciones criminales desde los centros de detención.
Palencia, explicó:
Cerca del 90 % de las personas que prestan sus cuentas a las pandillas son mujeres, y muchas de ellas continúan utilizándolas desde prisión. Por eso buscamos que se inhabiliten los productos financieros de quienes estén relacionados con estos delitos.
Igualdad de penas y control tecnológico
La viceministra también señaló que se propone equiparar las penas entre los delitos de extorsión y los tipificados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, debido a los similares niveles de violencia psicológica y física que generan.
Asimismo, la iniciativa elimina la posibilidad de medidas sustitutivas para quienes sean procesados por estos crímenes.
En cuanto a la Ley de Terminales Móviles, se plantea que el IMEI de los teléfonos involucrados en casos de extorsión sea inhabilitado, del mismo modo que ocurre con aparatos robados o hurtados.
Además, se propone la creación de un registro de empresas proveedoras de internet, bajo supervisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones, para evitar que estructuras criminales utilicen sus servicios para operar desde centros penitenciarios o zonas controladas.
Combate integral al crimen organizado
Palencia subrayó que estas reformas buscan dotar de herramientas operativas al sistema penitenciario y fortalecer la lucha contra estructuras delictivas complejas.
Palencia, enfatizó:
Las maras y pandillas no son grupos de jóvenes que delinquen, son organizaciones criminales con jerarquía, recursos económicos, logísticos y armamento. Este marco legal permitirá evolucionar en el combate a estas estructuras que tanto daño hacen a la población.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Guatemala pretende reforzar el control penitenciario, endurecer sanciones y cerrar los espacios financieros y tecnológicos que permiten la operación de las pandillas, marcando un paso significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.
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