Caracas, 9 mar (EFE).- Varias organizaciones no gubernamentales exigieron, una vez más, la liberación de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien cumple este sábado un mes detenida, acusada de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo a EFE que la también abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano aún no ha podido nombrar abogados, lo que representa otra violación a sus derechos.
Además, aseguró que a San Miguel se le ha violado su derecho a la presunción de inocencia a través de una campaña comunicacional enorme, gigantesca, que se ha lanzado desde los medios del Estado, tratando de hacer una condena anticipada contra alguien que ni siquiera ha podido nombrar a los abogados de su confianza.
Cualquier vestigio de democracia y de libertad en #Venezuela es sistemáticamente eliminado por el régimen. Exigimos la liberación del director de campaña de @MariaCorinaYA en Barinas y de todos los presos políticos en Venezuela https://t.co/8UtLnWWgYQ
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 9, 2024
Daniels insistió:
Exigimos que se respeten sus derechos.
“No es delito”
En X, Un Mundo Sin Mordaza expresó que defender derechos humanos no es un delito, por lo que exigió la liberación inmediata de San Miguel, detenida injustamente, y la de todos los presos políticos que, según la ONG Foro Penal, son 264 personas, de las cuales 19 son mujeres.
En esa red social, la organización Provea también abogó por la liberación de la activista, quien sigue sin poder tener contacto con sus abogados.
A través de un video difundido en las redes sociales, una joven invidente denunció discriminación en la Universidad Central de Venezuela (UCV), al ser rechazada para estudiar en la prestigiosa casa de estudio.
“El nivel de sensibilización y de inclusión de la UCV está en cero”,… pic.twitter.com/lxz8Of31gd
— Globovisión (@globovision) March 9, 2024
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel entregó información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela rechazaron la detención arbitraria de la activista, arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
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