Ciudad de Guatemala, 15 nov. (AGN).- Los ataques armados, las amenazas y las actividades de grupos criminales llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar estado de sitio en Izabal y Zacapa, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026.
La decisión, emitida por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros, tendrá una duración de 30 días. Según el decreto, informes oficiales de seguridad advierten sobre la presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales que afectan la tranquilidad de la población.
Situación de seguridad
El documento señala que estas estructuras han protagonizado hechos de violencia e intimidación contra civiles y autoridades militares. Asimismo, advierte que sus acciones representan una amenaza para el orden público, la vida, la libertad y la seguridad de los habitantes.
Por esta razón, el Ejecutivo considera necesario adoptar medidas extraordinarias para recuperar la normalidad en ambos departamentos y proteger a la población.
Derechos sujetos a limitación
Durante la vigencia del estado de sitio, podrán limitarse ciertos derechos establecidos en la Constitución Política de la República.
Entre ellos figuran la libertad de acción, las garantías relacionadas con la detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, así como la portación y tenencia de armas. Sin embargo, el decreto establece que nadie podrá ser perseguido o molestado por sus opiniones o por actos que no impliquen infracciones a la ley. Además, las limitaciones deberán responder únicamente a las necesidades de la situación.
Facultades de las autoridades
La disposición también permite a las autoridades limitar reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, incluso cuando se realicen en espacios privados.
Asimismo, podrán disolver reuniones no autorizadas o aquellas en las que participen personas armadas o se registren hechos de violencia. También podrán establecer restricciones al tránsito y estacionamiento de vehículos en determinados lugares y horarios.
Entre las facultades contempladas figura la detención o confinamiento, sin orden judicial, de personas sospechosas de alterar el orden por motivos relacionados con la situación que originó la medida.
Allanamientos
El decreto autoriza a las autoridades a realizar registros en viviendas o establecimientos cerrados sin orden judicial escrita, bajo dos circunstancias específicas.
La primera ocurre cuando existan indicios de que una persona con orden de detención por hechos relacionados con la emergencia se encuentra en el lugar. La segunda aplica cuando se presume razonablemente que allí existen armas u objetos vinculados con un delito que se persigue.
En estos casos, las autoridades deberán presentar una orden escrita de quien dispuso la diligencia y limitar el procedimiento a su objetivo.
Actividades permitidas
A pesar de las restricciones, el decreto establece que las actividades culturales, religiosas y deportivas podrán continuar con normalidad. También podrán realizarse ferias patronales.
Además, las medidas no podrán aplicarse de manera discriminatoria por motivos de etnia, sexo, idioma, religión u origen social, ni contravenir las disposiciones del derecho internacional.
Revisión del Congreso
El Decreto Gubernativo 8-2026 convoca al Congreso de la República para que conozca la disposición dentro de los tres días siguientes a su emisión. El Legislativo podrá ratificarla, modificarla o improbarla.
La medida entró en vigor de inmediato y fue publicada en el Diario de Centro América el 15 de noviembre.
