Ciudad de Guatemala, 1 oct. (AGN).– Esta mañana, el Gobierno de Guatemala asestó un golpe contundente a las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico ilegal de personas, con la captura de 36 personas en el marco de la Operación Virtus.
Entre los arrestados se encuentran 23 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) activos, 2 retirados, 10 civiles y una persona vinculada al lavado de activos. El operativo se llevó a cabo en la Dirección General de la PNC y representa un paso firme en la lucha contra la corrupción y las redes delictivas que operan en el país.
Coordinación interinstitucional
Este operativo fue posible gracias a la colaboración de varias instituciones nacionales e internacionales. El Ministerio de Gobernación, la PNC, la Inspectoría General de la PNC, el Ministerio Público a través de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y la Oficina de Homeland Security Investigations de los Estados Unidos unieron fuerzas para desmantelar esta red criminal.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, destacó que este operativo es una muestra clara de la política de cero tolerancia a la corrupción por parte del Gobierno de Guatemala.
Este operativo refleja nuestro compromiso de desmantelar estas estructuras y combatir la corrupción dentro de nuestras filas.
Operación contra el tráfico de personas
Asimismo, las capturas se enfocaron en una estructura criminal que facilitaba el traslado de migrantes desde Esquipulas, Chiquimula, hasta Ayutla, San Marcos, con el objetivo de cruzar la frontera hacia México y continuar hacia los Estados Unidos.
Asimismo, según la investigación del Ministerio Público, la organización criminal coordinaba con agentes de la PNC en diversos departamentos para permitir el libre tránsito de los migrantes, esta estructura también involucraba a agentes de la Dipafront, la cual fue disuelta en febrero por casos de corrupción, a cambio de pagos para evitar que los buses fueran detenidos.
El papel de las autoridades locales en el tráfico ilegal de personas fue clave para el funcionamiento de esta red, que también operaba en la costa sur del país. Al detener buses llenos de migrantes, los agentes que integraban la red exigían pagos, lo que garantizaba que no devolvieran a los migrantes a los albergues de migración.
Las autoridades guatemaltecas han dejado claro su compromiso de depurar las filas policiales y no permitir que la corrupción siga infiltrándose en las instituciones del país.
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