Ciudad de Guatemala, 17 abr (AGN). – El Diario de Centro América recordó en una publicación sobre la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2014 que estableció que la experiencia en la judicatura debe ser considerada como ejercicio profesional, lo cual habilita a jueces a postularse para dirigir el Ministerio Público (MP).
Asimismo, el DCA consultó a analistas sobre su postura ante esta resolución. De acuerdo con Mónica Marroquín, de Guatemala Visible (GV), el ejercicio como juez sí debe tomarse en cuenta como experiencia profesional y no excluirse del proceso, al referirse a los criterios de selección para fiscal general.
En la misma línea, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), afirmó que excluir a jueces respondería más a intereses políticos que a criterios técnicos.
Actualmente, se encuentra en la CC un amparo que busca impedir que los impartidores de justicia participen en el proceso de postulación para fiscal general y jefe del MP.
En cuanto al trasfondo del debate, Juan Pablo Muñoz, de la Alianza por las Reformas, considera que se intenta excluir perfiles específicos, como el de Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, quien destaca por su trayectoria y capacidades.
Por su parte, Andrea Rabanales, de Be Just, coincidió en que la exclusión de jueces podría responder a un criterio selectivo, orientado a reducir la competencia dentro del proceso. Se están eliminando competidores fuertes con trayectoria judicial, afirmó.
En 2014 CC avaló a jueces para el MP
Expertos señalan que no hay impedimento para los togados.
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— Diario de Centro América (@DiariodeCA) April 17, 2026
Advierten riesgos para el sistema de justicia
Analistas consultados advirtieron que dejar a jueces fuera del proceso de postulación podría sentar un precedente negativo para futuras elecciones de autoridades.
Según indicaron, esto limitaría la participación de profesionales con experiencia en materia penal y constitucional, debilitando la institucionalidad del sistema de justicia.
La discusión se mantiene vigente en medio del proceso de selección de autoridades del Ministerio Público, en el que distintos sectores han manifestado preocupación por la transparencia y los criterios aplicados.
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