Ciudad de Guatemala, 14 abr (AGN).- Un total de 476 decomisos se desarrollaron en los 7 puestos de control interinstitucional habilitados en el territorio nacional, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Estos datos corresponden a lo contabilizado en 2022, cuando se reportaron 151 mil 532 revisiones:
- 37 mil 502 en Sanarate, El Progreso
- 31 mil 268 en Pajapita, San Marcos
- 30 mil 979 en Patzicía, Chimaltenango
- 20 mil 645 en Río Dulce, Izabal
- 18 mil 902 en Pasaco, Jutiapa
- 12 mil 217 en Entre Ríos, Izabal
- 19 en Chiquimula, Chiquimula
Ese año, la Intendencia de Aduanas de la SAT registró 727 acciones a través del Consejo Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon).
En comparación con el primer trimestre de 2022, en cuanto a las acciones interinstitucionales, se reporta un porcentaje positivo de 372. En ese período se reportaron 124 acciones y en el mismo lapso, pero de 2023, la cifra ascendió a 585.
Dicho trabajo permitió que se decomisaran mercancías de contrabando por más de 60 millones de quetzales. Asimismo, esto representó más de 350 millones de quetzales en ajustes en aduanas.
#NacionalesAGN | De enero a marzo de 2023 se han realizado 587 acciones como parte del compromiso y resultados de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon).
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— AGN (@AGN_noticias) April 14, 2023
En 2023
Las autoridades informaron que de enero a marzo de 2023 se contabilizaron 587 acciones interinstitucionales. Esto es el resultado de operativos y acciones ejecutados por el Coincon.
Esta cifra se distribuye en:
- 2 operativos binacionales
- 20 allanamientos
- 24 operativos e intervenciones en aduanas
- 541 operativos en ruta
Además, las mercancías decomisadas representan un valor de 11 millones 179 mil 48.41 quetzales.
Todos estos datos fueron compartidos durante la sesión ordinaria 03-2023 de la Coincon, en la que fueron descritos los resultados de las acciones público privadas desarrolladas.
En esta estuvieron presentes autoridades del Organismo Ejecutivo y otras dependencias del Estado. Asimismo, contó con la participación de representantes del sector privado y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, de Estados Unidos.
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