Ciudad de Guatemala, 9 oct (AGN).– La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Secretaría General de la Presidencia, la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) desarrollaron el acto de graduación y certificación de la segunda cohorte del curso dirigido a asesores jurídicos del Organismo Ejecutivo.
La actividad se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura y reunió a representantes de las instituciones que participaron en el proceso de formación, orientado a fortalecer las capacidades de los profesionales responsables de brindar asesoría legal dentro de las entidades públicas.
El acto fue encabezado por Ruth Ávalos, directora general del INAP; Karla Gómez, directora de la Onsec; Luis Recancoj, consultor del Estado, en representación del procurador general de la Nación, Julio Roberto Saavedra, y Mario Castillo, de la Secretaría General de la Presidencia, en representación del secretario general, Juan Gerardo Guerrero Garnica.
Formación para fortalecer la toma de decisiones
Durante su intervención, Recancoj destacó que los asesores jurídicos tienen una responsabilidad directa en las actuaciones de las instituciones públicas, debido a que sus criterios sirven como base para numerosas decisiones dentro de la administración.
Los asesores jurídicos de las entidades del Estado de Guatemala deben tener la enorme responsabilidad de orientar el poder público a través de la ley y la razón.
El representante de la PGN explicó que el proceso de formación permitió actualizar conocimientos, compartir experiencias entre las distintas dependencias y fortalecer el trabajo interinstitucional relacionado con la función jurídica de la administración pública.
Asimismo, resaltó que una adecuada asesoría legal permite identificar riesgos, prevenir posibles conflictos y orientar a las instituciones para que sus actuaciones se desarrollen dentro del marco jurídico.
Hoy, la @PGNguatemala , la Secretaría General de la Presidencia, el @INAPGuatemala y la @OnsecGuate clausuraron y certificaron el curso dirigido a asesores jurídicos del Organismo Ejecutivo.
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— Lincy Rodriguez (@LincyRodriguezg) October 9, 2026
Asesoría jurídica como respaldo institucional
Recancoj indicó que la certeza jurídica resulta necesaria para que las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos estén debidamente fundamentadas y respondan a las situaciones que enfrentan las instituciones en el desarrollo de sus funciones.
En ese sentido, señaló que los asesores jurídicos deben tener la capacidad de advertir cuando una decisión no cuenta con sustento legal, identificar los riesgos que puedan derivarse de una actuación y plantear alternativas que permitan a las instituciones actuar conforme a derecho.
La acreditación y certificación del curso que reciben representa el resultado de este proceso. Por ello también implica la responsabilidad de emplear los conocimientos adquiridos con rigor, objetividad y compromiso con la legalidad y, por ende, con el Estado de Guatemala.
El funcionario también reconoció el esfuerzo de los participantes, quienes debieron combinar las jornadas de formación con sus responsabilidades laborales en las distintas instituciones del Organismo Ejecutivo.
Trabajo interinstitucional
La capacitación fue desarrollada mediante la coordinación entre el INAP, la Secretaría General de la Presidencia, la Onsec y la PGN, instituciones que unieron esfuerzos para fortalecer las capacidades jurídicas de los profesionales que brindan asesoría al Estado.
La PGN, entre sus responsabilidades, tiene la función de asesorar a los órganos y entidades del Estado, así como defender sus intereses. Por ello, afirmó que la institución continuará apoyando espacios de formación y coordinación que contribuyan a preparar a los profesionales ante los retos jurídicos de la administración pública.
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