Ciudad de Guatemala, 12 oct (AGN).- La circulación ilegal de armas de fuego constituye uno de los desafíos que enfrenta Guatemala en materia de seguridad, debido a que facilita el acceso a medios capaces de incrementar la violencia y la capacidad de intimidación de quienes participan en actividades delictivas.
Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), proporcionados por el subcomisario Jorge Aguilar Chinchilla, contabilizan mil 635 capturas por portación ilegal de armas de fuego entre el 1 de enero y el 8 de octubre de 2026.
A esta cifra se suma el número de armas incautadas durante el año. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó al 30 de septiembre que en 2026 se habían incautado 3 mil 771 armas de fuego, un 33 % más que las 2 mil 830 armas incautadas durante 2025.
En conjunto, durante ambos años las autoridades han incautado 6 mil 601 armas de fuego.
De acuerdo con registros de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), las armas incautadas durante 2026 incluyen:
Las incautaciones también se han mantenido de manera constante durante los meses analizados:
Armas incautadas por mes
Enero 355
Febrero 349
Marzo 417
Abril 465
Mayo 507
Junio 435
Julio 447
Agosto 410
Septiembre 418
Mayo concentró la mayor cantidad, con 507 armas incautadas.
Estas cifras corresponden al total de armas incautadas por la PNC en diferentes circunstancias y no significan que todas estén vinculadas exclusivamente con casos de portación ilegal.
Pero, ¿Cómo llegan esas armas hasta las manos de quienes las utilizan fuera de la ley?
David Custodio, director de la PNC: “El desafío consiste en determinar el origen del arma”
Para el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, combatir la circulación ilegal no consiste únicamente en capturar a quien porta un arma. También implica establecer su procedencia y determinar si existe una estructura detrás de su distribución, así lo señaló en entrevista con la AGN.
¿Desde la perspectiva de la PNC, cuáles son las principales vías por las que las armas llegan a manos de personas que las utilizan de manera ilegal?
Desde la perspectiva de la PNC, las armas pueden llegar a manos de delincuentes principalmente mediante: robo o pérdida de armas que estaban en posesión legal, desvío del mercado legal, mediante ventas o transferencias no autorizadas, tráfico ilícito transfronterizo y contrabando de armas, mercado negro, donde se comercializan armas sin los controles legales correspondientes, desvío de armas institucionales por sustracción o corrupción, fabricación o modificación clandestina de armas.
En muchos casos, el desafío consiste en determinar el origen del arma y cómo llegó al usuario final, no solamente en detener a quien la porta.
Cuando la PNC captura a una persona por portación ilegal de arma de fuego, ¿Qué ocurre posteriormente dentro de la cadena de justicia y cuáles son los principales desafíos?
Tras la captura, la PNC pone al detenido y el arma incautada a disposición de la autoridad judicial correspondiente. El Ministerio Público realiza y dirige la investigación, mientras la PNC aporta informes, evidencias y diligencias policiales.
El arma puede ser sometida a análisis para determinar su origen y posible relación con otros delitos. El juez evalúa la situación jurídica del detenido y las medidas que correspondan.
Uno de los principales desafíos es preservar adecuadamente la evidencia y garantizar su trazabilidad. También resulta complejo establecer el origen del arma y posibles vínculos con redes criminales. La coordinación entre PNC, MP, órganos judiciales y entidades forenses es fundamental para fortalecer la investigación.
¿Cómo influye la circulación de armas ilegales en delitos como la extorsión y el involucramiento de jóvenes en estructuras criminales?
La circulación de armas ilegales facilita que grupos criminales puedan ejercer amenazas y violencia en delitos como la extorsión. También aumenta la capacidad de intimidación sobre víctimas, comunidades y comerciantes.
La disponibilidad de armas puede facilitar que jóvenes sean incorporados a estructuras delictivas. Algunos pueden ser utilizados para funciones como vigilancia, amenazas o cobro de extorsiones. Esto incrementa los riesgos de violencia y de involucramiento temprano en actividades criminales.
Para la PNC, representa un desafío prevenir el acceso a las armas y detectar las estructuras que las distribuyen.
¿Creería que el Código Procesal Penal necesita reformas?
Considero que cualquier reforma al Código Procesal Penal debe basarse en las necesidades reales del sistema de justicia. Podrían revisarse aspectos que permitan agilizar los procesos sin afectar el debido proceso ni los derechos de las personas.
También sería importante fortalecer los mecanismos de investigación y presentación de pruebas. Una reforma podría mejorar la coordinación entre PNC, Ministerio Público y órganos judiciales.
Asimismo, debería buscarse mayor eficiencia en los casos relacionados con armas de fuego y delincuencia organizada. El objetivo debería ser lograr procesos más ágiles, transparentes y efectivos, garantizando siempre las garantías constitucionales.
¿Qué hace la PNC para evitar que la circulación de estas armas continúe?
La PNC realiza operativos y controles para detectar y decomisar armas que circulan de manera ilegal. También efectúa investigaciones para identificar a las personas y estructuras relacionadas con su tráfico.
Se realizan registros y verificaciones conforme a la ley, especialmente en zonas con incidencia delictiva. Las armas incautadas son documentadas y analizadas como parte de las investigaciones.
La institución coordina acciones con el Ministerio Público y otras autoridades competentes. Además, busca identificar el origen de las armas para evitar que vuelvan a ingresar al mercado ilegal.
David Muñoz, analista: “El arma ya constituye una capacidad de violencia disponible”
El analista de seguridad David Muñoz considera que la circulación de armas ilegales debe analizarse más allá de las capturas y decomisos, pues el riesgo comienza desde el momento en que un arma queda fuera de los mecanismos de control estatal.
¿Qué representa para Guatemala el nivel de circulación de armas de fuego ilegales y qué relación existe entre la disponibilidad de estas armas y los hechos de violencia?
La circulación de armas de fuego ilegales representa un riesgo importante para la seguridad pública, porque aumenta la disponibilidad de medios letales fuera de los controles establecidos por el Estado.
Una persona que tiene acceso a un arma ilegal puede utilizarla para cometer homicidios, robos, extorsiones, amenazas u otros delitos.
La relación con la violencia no significa que toda persona que posea un arma ilegal necesariamente vaya a cometer un delito, pero sí existe una mayor capacidad para que los conflictos escalen rápidamente y tengan consecuencias letales. Por eso, retirar armas ilegales de circulación constituye una medida preventiva, además de una acción de persecución penal.
¿Qué riesgos representa para la población que un arma ilegal permanezca en circulación, incluso cuando todavía no ha sido utilizada para otro delito?
El principal riesgo es que el arma ya constituye una capacidad de violencia disponible. Aunque en ese momento no se haya utilizado para cometer otro delito, permanece fuera de los mecanismos legales de control y puede terminar siendo utilizada en un homicidio, una extorsión, un asalto o una amenaza.
Además, mientras más tiempo permanece en circulación, mayores son las posibilidades de que pase de una persona a otra o sea incorporada a una estructura criminal.
¿Qué impacto tiene retirar armas ilegales de las calles mediante capturas e incautaciones?
Tiene un impacto preventivo porque reduce la disponibilidad inmediata de armas que pueden ser utilizadas para cometer hechos violentos. Cada arma incautada deja de estar disponible para una persona o estructura criminal, aunque no puede afirmarse automáticamente que cada incautación evite un homicidio o una extorsión.
Lo importante es observar estas acciones como parte de una estrategia más amplia: identificar quién portaba el arma, determinar su procedencia, establecer si está vinculada con otros hechos delictivos y, cuando corresponda, investigar a las personas que forman parte de las redes que las distribuyen.
¿Qué tan importante es que el trabajo policial esté acompañado por una respuesta efectiva del sistema de justicia?
Es fundamental. La captura por sí sola no resuelve el problema. Si una persona es detenida por portación ilegal, pero posteriormente no existe una investigación adecuada, una acusación sustentada y una respuesta judicial efectiva cuando corresponde, el efecto preventivo de la acción policial se reduce.
También es importante que las instituciones puedan establecer si se trata de un caso aislado o de una persona vinculada con una estructura criminal.
Mingob y Congreso: el debate sobre las medidas sustitutivas
La circulación de armas ilegales también abrió una discusión sobre la respuesta del sistema de justicia.
En julio de 2026, el Ministerio de Gobernación planteó al Congreso reformas al Código Procesal Penal para restringir las medidas sustitutivas a personas detenidas por tenencia o portación ilegal de armas de fuego.
La propuesta buscaba modificar el artículo 264 del Código Procesal Penal y establecer restricciones relacionadas con estos casos. También planteaba fortalecer el uso del control telemático y endurecer la respuesta para quienes fueran aprehendidos en posesión de un arma sin la licencia correspondiente de Digecam.
Gobernación señaló además su preocupación por los casos de personas detenidas nuevamente con armas ilegales que todavía no podían ser consideradas reincidentes en términos procesales al no contar con una sentencia condenatoria previa.
La Comisión de Gobernación del Congreso también analizó modificaciones relacionadas con las medidas sustitutivas. El dictamen contemplaba restricciones para determinados casos, entre ellos personas reincidentes por portación ilegal de armas de fuego de uso civil y armas cuyo registro hubiera sido alterado, borrado o que no estuvieran legalmente marcadas.
Sin embargo, el 29 de septiembre de 2026, el Congreso aprobó el Decreto 23-2026, mediante el cual reformó disposiciones del Código Procesal Penal relacionadas con prisión preventiva y medidas de coerción, pero no incorporó una prohibición general de medidas sustitutivas para las personas procesadas por tenencia o portación ilegal de armas, como había solicitado Gobernación.
Tras la aprobación, el ministro Villeda manifestó:
Como ustedes saben, he comparecido en su momento a la Comisión de Gobernación del Congreso a solicitar que se haga una reforma al Código Procesal Penal para que las personas que hayan sido capturadas en posesión de arma de fuego de manera ilegal no gocen de medidas sustitutivas.
Requisitos Digecam: ¿Qué necesita una persona para portar legalmente un arma?
Frente al mercado ilegal existe un procedimiento establecido para quienes buscan obtener legalmente una licencia de portación de arma de fuego.
Entre los requisitos para la evaluación y primera licencia de portación se encuentran:
La institución también establece requisitos para registrar la tenencia de un arma adquirida mediante contrato de compraventa, entre ellos el documento de compraventa, tarjeta de tenencia, DPI del comprador, carencia de antecedentes y los pagos correspondientes.
Lea también:
lr/ bl /