Ciudad de Guatemala, 7 oct (AGN).– Este miércoles el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y el gabinete de Gobierno pidieron disculpas públicas a autoridades indígenas ancestrales que fueron criminalizadas por la defensa de la democracia en 2023.
Las disculpas públicas fueron dirigidas a Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones; Basilio Puac; Héctor Chaclan; María Juana Elías; miembros de la organización indígena, y Esteban Toc, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena del departamento de Sololá.
Durante sus discursos, las autoridades compartieron que el sistema cooptado del Ministerio Público (MP) del 2023 crearon el término de terrorismo al aprehenderlos y criminalizarlos. Héctor Chaclán compartió que manifestar sus derechos no es delito.
Chaclán manifestó que para el próximo año se viene otro momento histórico para Guatemala y depende del pueblo que se defienda y vigile la voluntad popular.
Hector Chaclán indicó que los pueblos indígenas se han podido escuchar saliendo a las calles a manifestar. Y en cuanto al proceso que han llevado, señaló que las audiencias han demostrado que no se les debió llevar a los juicios orales y públicos, creo que hoy hemos ganado nosotros y Guatemala, expresó.
Acto de disculpa pública a Autoridades Indígenas Ancestrales criminalizadas por la defensa de la democracia en 2023. https://t.co/nB7an9B8Lm
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) October 7, 2026
Disculpas públicas
El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, participó en el acto y compartió que las disculpas son parte de lo atendido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, dictadas el 11 y 25 de septiembre del 2026.
Y para el efecto, en nombre del Estado de Guatemala ofreció las disculpas públicas a los 48 Cantones de Totonicapán y su junta directiva del año 2023, que como organización comunal exigía que se respetara la voluntad popular.
Estas disculpas indicaron que son parte de la defensa del Estado de derecho, el cual exige más que la observancia formal de las normas; exige que las instituciones comprendan el sentido y finalidad de las formalidades para garantizar la dignidad de las personas y preservar las condiciones que la hacen posible.
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