Ciudad de Guatemala, 4 sept (AGN).- La Dirección General de Transportes (DGT) y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) continúan desarrollando operativos para garantizar el cumplimiento de la ley, particularmente, el uso del Sistema Limitador de Velocidad (SLV).
De acuerdo con los registros de la DGT, desde el 2 de marzo al 1 de septiembre de este 2026 se han aplicado 192 sanciones por no portar el dispositivo limitador de velocidad.
En total, 159 de las sanciones corresponden a transporte colectivo y las otras 33 a transporte de carga.
🚍 El equipo de inspectores de la DGT con el apoyo de @ProvialOficial, realizó un operativo en Cantel, Quetzaltenango, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la seguridad en el transporte.@CIV_Guatemala @surianobuezo @GuatemalaGob pic.twitter.com/1aM5YtnJHB
— Dirección General de Transportes – CIV (@DGTguate) September 1, 2026
Intensificación de las multas
Además, la DGT intensificó las sanciones a las unidades de transporte que no cuenten con este sistema, pues las multas pasaron de cinco a siete salarios mínimos.
De esta manera, las multas podrían ascender hasta a 28 mil quetzales.
Al establecer multas más rigurosas, las instituciones buscan fomentar el uso de estos dispositivos y garantizar el cumplimiento de esta disposición comprendida en la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial y el acuerdo número 69-2026, que establece la gradación de multas.
Empresas implementadoras de SLV
De esta cuenta, Provial recuerda que ya hay 212 empresas implementadoras de este sistema con las cuales pueden adquirir este dispositivo.
Asimismo, de no cumplirse esta disposición en reiteradas ocasiones, la DGT podrá suspender la licencia de operación hasta por cinco años, retirando los permisos correspondientes e incorporándolos en los registros de infracción.
Con esta rigurosidad, tanto la DGT como Provial refuerzan la obligatoriedad del uso del sistema limitador no como una solución definitiva a la siniestralidad vial, sino como a una forma de proteger la vida de conductores, pasajeros y otros usuarios de la red vial, reduciendo accidentes de tránsito.
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