Ciudad de Guatemala, 12 ago (AGN).– Con el objetivo de impulsar soluciones concretas que fortalezcan el manejo sostenible de los recursos forestales, fomenten la conservación de los ecosistemas, promuevan inversión responsable, generen empleo en áreas rurales y mejoren la calidad de vida de las familias guatemaltecas, instituciones se unieron para la actualización de la Política Forestal de Guatemala.
Con la actualización, que estuvo vigente desde 1999, las autoridades participantes, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Bosques (Inab) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), reafirmaron su compromiso de trabajar para enfrentar los retos que impactan los bosques y comunidades que dependen de ellos.
Durante la presentación de actualización se realizó un taller de socialización y validación con actores clave, con el objetivo de crear un instrumento estratégico que responda a las necesidades del país y que oriente las acciones institucionales para colocar al sector forestal como un eje fundamental del desarrollo económico, social y ambiental de Guatemala.
La ministra María Fernanda Rivera Dávila participó en el proceso para la actualización de la Política Forestal de Guatemala, que incluye el primer taller regional de socialización y retroalimentación.
El objetivo es desarrollar un proceso participativo de consulta con los… pic.twitter.com/vMKdyZFg5o
— MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) August 11, 2026
Compromisos ambientales, económicos y sociales
Las autoridades compartieron que el sector forestal representa importantes aportes a los bienes y servicios a la economía nacional. En términos del producto interno bruto indicaron que se alcanza un aporte del 2.6 % considerando las actividades vinculadas a la cadena forestal, además de generar cientos de miles de empleos directos e indirectos en comunidades de todo el país.
Asimismo, manifestaron que Guatemala aún posee cerca de 3.7 millones de hectáreas de cobertura forestal equivalentes a aproximadamente 33 % del territorio nacional, patrimonio que necesita de políticas públicas sólidas y una gestión sostenible.
Estas acciones reafirmaron que reflejan el esfuerzo y una visión compartida para consolidar una política pública que responda a la realidad nacional y contribuya al cumplimiento de los compromisos ambientales, económicos y sociales del país.
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