Ciudad de Guatemala, 13 may (AGN).– A pocos días del cambio en la jefatura del Ministerio Público (MP), el proceso para que Gabriel Estuardo García Luna asuma como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030 se encuentra prácticamente concluido en el plano legal.
Luego de haberse emitido y notificado oficialmente el nombramiento, el procedimiento se encuentra ahora en su etapa final: la juramentación por parte del Organismo Ejecutivo y el desarrollo de la transición administrativa interna dentro del Ministerio Público.
De acuerdo con las autoridades del Ejecutivo, a estas alturas ya no existen recursos administrativos ni impugnaciones pendientes que frenen la designación, por lo que únicamente resta cumplir con las formalidades constitucionales para concretar la toma de posesión prevista para el próximo 17 de mayo.
Notificaciones oficiales ya fueron realizadas
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, explicó que una vez la comisión de postulación notificó que no existían recursos administrativos pendientes, el pasado martes 5 de mayo se emitió oficialmente el acuerdo gubernativo 23-2026 que designa a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general.
Posteriormente, el Ejecutivo procedió a hacer las notificaciones formales correspondientes.
Según detalló el funcionario, el lunes 11 de mayo se entregó al propio García Luna copia certificada del acuerdo de nombramiento. Luego, el martes 12 de mayo, la Presidencia notificó oficialmente al Ministerio Público mediante el despacho superior, la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos de esa institución.
El propósito de estas notificaciones, explicó Guerrero Garnica, es que el Ministerio Público establezca contacto directo con García Luna para coordinar la logística necesaria para la toma de posesión.
Al respecto, Guerrero aclaró:
¿Para qué lo notificamos? Para que el Ministerio Público se ponga en contacto con el doctor García Luna para indicarle el momento en que tiene que acudir a tomar posesión del cargo.
El vencimiento del período actual
Uno de los puntos fundamentales que aún debe cumplirse es la conclusión formal del actual periodo constitucional de la fiscal general Consuelo Porras.
Su mandato vence legalmente el 16 de mayo a la medianoche, momento en el que finaliza su gestión al frente del Ministerio Público.
Con ello, el nuevo periodo constitucional se inicia automáticamente el 17 de mayo, fecha en la que deberá concretarse la transición institucional.
Este punto resulta clave porque el relevo no puede ejecutarse antes del vencimiento oficial del mandato vigente, pero tampoco puede postergarse más allá de la fecha constitucionalmente establecida.
¿Quién juramenta al nuevo fiscal general?
A diferencia de otros altos cargos del Estado, la juramentación del fiscal general en Guatemala no corresponde al Congreso de la República ni a la Corte Suprema de Justicia.
La Constitución Política de la República, en su artículo 251, establece que el nombramiento del fiscal general y jefe del Ministerio Público corresponde al Presidente de la República.
Por esa razón, la juramentación debe dirigirla formalmente el mandatario, en este caso Bernardo Arévalo, o bien por delegación, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica.
Durante este acto, el nuevo titular del MP presta juramento de ley y queda plenamente habilitado para ejercer sus funciones.
Este procedimiento deberá concretarse antes del 17 de mayo o durante las primeras horas de esa fecha, para garantizar la continuidad institucional.
La transición queda en manos del Ministerio Público
Una vez cumplidas las notificaciones, la siguiente fase depende exclusivamente del Ministerio Público.
Será esa institución la que deberá definir si efectuará un proceso formal de entrega de mando, reuniones de transición o mecanismos administrativos específicos para garantizar el relevo.
No obstante, en el Ejecutivo se ha subrayado que independientemente de la modalidad que se adopte, existe una obligación constitucional de trasladar el mando el 17 de mayo.
Esa obligatoriedad, está respaldada por resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad relacionadas con la continuidad institucional y el cumplimiento de plazos constitucionales.
En otras palabras, el Ministerio Público puede decidir cómo desarrollar la transición, pero no puede impedir que esta se concrete.
Publicación en el Diario de Centro América
El Ministerio Público había condicionado parte del acercamiento para la transición a la publicación oficial del nombramiento en ese medio.
Sin embargo, el Ejecutivo ha sostenido que dicha publicación no constituye un requisito legal indispensable para que el nombramiento tenga validez.
Según la postura oficial, el acto jurídico se cumplió desde la emisión y notificación del acuerdo gubernativo, por lo que la ausencia de publicación no impide que García Luna asuma el cargo.
Esta interpretación ha sido defendida por la Secretaría General de la Presidencia, que insiste en que el procedimiento seguido se apega al marco constitucional vigente.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, aseguró que no es necesaria la publicación de un acuerdo gubernativo en el Diario de Centro América para oficializar el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general para el período… pic.twitter.com/TfRTzw0p2C
— AGN (@AGN_noticias) May 12, 2026
Solo falta que llegue la fecha constitucional
En términos prácticos y jurídicos, el proceso se encuentra prácticamente cerrado.
Las notificaciones fueron giradas, no existen recursos pendientes y el nombramiento ya fue formalizado por el Ejecutivo.
Así, lo único que resta es que llegue la fecha constitucional, concluya oficialmente el período de Consuelo Porras y se concrete la juramentación y toma de posesión.
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