Ciudad de Guatemala, 12 may (AGN).– El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, afirmó este martes que no es necesaria la publicación de un acuerdo gubernativo en el Diario de Centro América para oficializar el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, el funcionario explicó que el procedimiento seguido por el Ejecutivo se apega a lo establecido en la Constitución Política de la República y a precedentes legales definidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Guerrero Garnica detalló que, luego de que recibió la segunda nómina de seis aspirantes que envió por la Comisión de Postulación y tras verificar que no existían impugnaciones ni recursos administrativos pendientes, el presidente Bernardo Arévalo procedió a emitir el nombramiento correspondiente.
El Ejecutivo emitió el Acuerdo Gubernativo 23-2026 el pasado 5 de mayo, relacionado con el nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general para el período 2026-2030. Sin embargo, este no fue publicado oficialmente. Al respecto, el secretario general explicó que no existe obligación legal de publicar dicho acuerdo para que el funcionario designado pueda asumir el cargo.
El Presidente de la República, por prudencia, decidió esperar a que se agotaran los plazos establecidos por la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley Orgánica del Ministerio Público antes de efectuar la designación.
Añadió que el nombramiento ya se notificó oficialmente, tanto a García Luna como al Ministerio Público, a través de la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos de esa institución.
Acuerdo administrativo no requiere publicación
Uno de los puntos centrales abordados por el secretario fue respecto de la supuesta obligatoriedad de publicar el acuerdo.
Guerrero subrayó que el nombramiento del fiscal general corresponde a un acto administrativo individual, no a una disposición general o reglamentaria:
Tenemos que tener mucho cuidado de no confundir este tipo de acuerdos gubernativos con aquellos que contienen disposiciones generales. Por su naturaleza administrativa, no requieren publicación en el Diario de Centro América.
El funcionario citó como sustento una sentencia de la Corte de Constitucionalidad contenida en el expediente 461-2014, en la que se establece claramente esa diferenciación jurídica.
Antecedentes respaldan la postura del Ejecutivo
Para reforzar la posición del Gobierno, Guerrero recordó que la mayoría de nombramientos de fiscales generales en Guatemala no se publicaron en el diario oficial.
Entre los casos mencionados figuran:
- Ramsés Cuestas Gómez (1994)
- Adolfo González Rodas (1998)
- Carlos David de León (2002)
- José Amílcar Velásquez Zárate (2008)
- Claudia Paz y Paz (2010)
- Thelma Aldana (2014)
- Consuelo Porras (2022)
Según explicó, de los 12 nombramientos históricos registrados, únicamente tres fueron publicados, y dos de ellos obedecieron a circunstancias extraordinarias, como renuncias o sustituciones anticipadas.
El secretario señaló que el único presidente que decidió publicar el acuerdo de forma ordinaria fue Jimmy Morales, cuando designó a María Consuelo Porras en mayo de 2018.
Transición depende ahora del Ministerio Público
Guerrero indicó que, tras haberse girado las notificaciones legales correspondientes, el siguiente paso depende exclusivamente del Ministerio Público.
El objetivo de la notificación, explicó, es que la institución establezca contacto con García Luna y determine la logística para la toma de posesión.
Ya corresponde al Ministerio Público definir si habrá proceso formal de transición o no. Lo importante es que el 17 de mayo existe la obligatoriedad constitucional de trasladar el mando, aseguró Guerrero.
Recordó que esta obligación está respaldada por resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad.
Consultado sobre un eventual escenario en el que no se permita la toma de posesión de García Luna, Guerrero aseguró que tanto el Ejecutivo como el propio fiscal designado cuentan con mecanismos constitucionales para actuar.
Explicó que, si se detectaran obstáculos injustificados por parte de las actuales autoridades del Ministerio Público, la Presidencia podría promover acciones legales para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional.
Asimismo, señaló que Gabriel García Luna está facultado para interponer recursos de amparo incluso antes de asumir formalmente el cargo, si considera que existen acciones que vulneran su derecho a asumir la jefatura del ente investigador.
El secretario general, Juan Gerardo Guerrero, afirmó que el nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general 2026-2030 no necesita publicarse en el Diario Oficial, porque se trata de un acuerdo gubernativo de carácter administrativo y no reglamentario.@AGN_noticias
— Lincy Rodriguez (@LincyRodriguezg) May 12, 2026
Gobierno insiste en validez del procedimiento
Finalmente, el secretario reiteró que el proceso ha sido ejecutado conforme a derecho:
Los canales oficiales ya fueron implementados por el presidente y por la Secretaría General para comunicar oficialmente tanto al designado como al Ministerio Público. El procedimiento está plenamente respaldado por la ley.
Con ello, el Ejecutivo mantiene su postura de que la designación de Gabriel Estuardo García Luna está firme y que su toma de posesión deberá concretarse el próximo 17 de mayo, salvo resolución judicial en contrario.
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