Ciudad de Guatemala, 6 may (AGN).- La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala se pronunció ante la designación de Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030. En la misiva, instaron a que su toma de posesión se lleve a cabo sin que sea afectada indebidamente por ningún motivo.
La misión, que lleva a cabo una tarea de observación de las elecciones de segundo grado en el país, remarcó que el relevo en el cargo de fiscal general está establecido para el 17 de mayo, por lo que hizo hincapié en que la toma de posesión debe tener lugar puntualmente en esa fecha prevista en el ordenamiento jurídico del país.
Por lo tanto, instó a todas las autoridades del Estado, fuerzas políticas, sectores sociales y de la economía a contribuir a una transición ordenada, pacífica y respetuosa de la autonomía del Ministerio Público.
La estabilidad democrática requiere que los cambios institucionales se desarrollen bajo el marco de la Constitución, sin presiones indebidas, intimidaciones, represalias, maniobras dilatorias, ni interferencias que puedan comprometer el ejercicio independiente de la función fiscal.
#NacionalesAGN El presidente @BArevalodeLeon, a través de un mensaje a la nación, anunció el nombramiento de Gabriel Estuardo García Luna, como nuevo Fiscal General de Guatemala para el periodo 2026-2030. pic.twitter.com/K2TmgWqBTo
— AGN (@AGN_noticias) May 6, 2026
Misión de OEA hace llamado al próximo fiscal general
En cuanto a la labor que deberá ejercer García Luna como fiscal general, la misión de la OEA llamó a que sea independiente de los tres poderes del Estado, en el marco de la Constitución y con un cese de las prácticas de instrumentalización penal y criminalización indebida que han afectado a operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, autoridades electas, líderes indígenas y actores cívicos.
Por lo tanto, solicitó un compromiso con la objetividad e imparcialidad en la labor investigativa y de persecución penal que le asisten al Ministerio Público.
Se espera que las víctimas de criminalización indebida sean reparadas y el Estado adopte las medidas necesarias para que dichas violaciones no vuelvan a ocurrir, se lee en el comunicado.
La recuperación de la confianza pública en el Ministerio Público será indispensable para fortalecer el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, proteger los derechos fundamentales y responder a las legítimas demandas de justicia de la ciudadanía guatemalteca.
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