Ciudad de Guatemala, 6 feb (AGN).- En una conferencia de prensa, la misión del Programa de Evaluación Independiente en Guatemala (PEI-GT) presentó los resultados de su segunda visita al país, que se llevó a cabo del 2 al 6 de febrero, en la que evaluaron los procesos de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público y las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Ana Lorena Delgadillo, integrante de la misión, expresó que a lo largo de la semana los paneles de expertos sostuvieron reuniones con el presidente de la junta directiva del Congreso de la República, el presidente Bernardo Arévalo, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones interreligiosas de la sociedad civil, estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), autoridades indígenas y otras.
Judicialización de procesos de elección
Antes de la visita, Delgadillo indicó que constataron la existencia de un número importante de acciones constitucionales pendientes de resolver en las salas de apelaciones y la Corte de Constitucionalidad, en el marco de las elecciones de segundo grado del año 2026.
Identificaron amparos presentados ante la actual integración del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac y la solicitud de exclusión de ciencias afines del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Tuvieron conocimiento también de que existen amparos relativos a las irregularidades en el CSU, ya que cuentan con resolución de la Corte de Constitucionalidad y están pendientes de ejecutarla.
Como primer acto del grupo de panelistas, Delgadillo manifestó que entregaron una comunicación a las y los integrantes de la CC sugiriendo que organizaran administrativamente un mecanismo para la resolución prioritaria e inmediata de los amparos relacionados con el proceso de selección.
El objetivo es que dichos amparos se resolvieran conforme derecho y estándares internacionales. También se detectaron amparos maliciosos encaminados a entorpecer el proceso, por lo que expresaron su preocupación sobre la falta de ejecución de amparos relacionados con las irregularidades en la Usac.
Además, con relación a las irregularidades en esa casa de estudios superiores, el panel publicó un comunicado en el que calificaron que inaceptable que personas con mandatos expirados continúen en el cargo con base en reformas reglamentarias hechas a conveniencia, e influyan en la elección de magistrados a la CC, una situación que compromete la legalidad y legitimidad del proceso de designación, lo cual generando inseguridad jurídica y afecta la institucionalidad democrática.
Así lo resumió Delgadillo:
La falta de respeto a los principios democráticos internos en la Universidad agrava el riesgo institucional, por lo que es indispensable proceder a la toma de posesión de las autoridades elegidas por los colegios de profesionales y otras entidades, así como avanzar en la renovación de las decanaturas y otras autoridades con mandatos vencidos.
🟠#BrevesTGW | “La criminalización sigue en Guatemala. La detención irregular de dos líderes indígenas y estudiantiles, y las amenazas del MP, contra candidatos de oposición, ha operado como un factor intimidatorio”, indica el informe del @pei_guatemala . pic.twitter.com/2ibOT6CBrb
— 📻 Radio TGWTV (@RadioTGWTV) February 6, 2026
Elección de fiscal general
En cuanto al proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la misión de PEI-GT alertó que el pleno del Congreso de la República podría votar sin contar con un perfil ni criterios claros de evaluación.
Además, señaló que llevan a cabo cabildeos a puerta cerrada, sin entrevistas públicas ni acceso a los expedientes de los candidatos.
En ese sentido, recomendaron diseñar un perfil de magistrados basado en méritos, honorabilidad, rectitud y compromiso democrático, diferenciándolo de un simple listado de requisitos.
Asimismo, instaron al Organismo Ejecutivo a dar a conocer el perfil y los estándares que tomará en cuenta para la elección de su magistrado designado de la CC, respetando los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana.
Valoraron como positiva la decisión presidencial de promover un proceso abierto y recomendaron publicar los perfiles y estándares mínimos de los seis candidatos a fiscal general que recibirá el Presidente.
Señalan exclusión
La misión también manifestó preocupación por la exclusión histórica de los pueblos indígenas en el sistema de justicia y por el encarcelamiento de líderes comunitarios, señalando la necesidad de reconfigurar un sistema de justicia inclusivo.
También subrayó la misión que las elecciones involucran los derechos de todos los guatemaltecos, y destacó que existe una sociedad civil activa que ejerce una férrea defensa de los derechos humanos.
En ese contexto, hicieron un llamado a promover un cambio en la Corte de Constitucionalidad, convocando a profesionales valientes y honestos a postularse.
Finalmente, exhortaron a la comunidad internacional a continuar con el monitoreo y acompañamiento de los procesos, y confirmaron que la misión no ha concluido, anunciando la realización de una tercera visita al país para dar seguimiento a estas situaciones.
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