Ciudad de Guatemala, 15 ene (AGN).- El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se apersonó al Ministerio Público para presentar una denuncia contra el alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín Fuentes, ante las amenazas vertidas contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Villeda accionó ante la amenaza del jefe edil sobre responder con violencia armada si los agentes policiales realizaban labores investigativas cerca de su presencia.
Si por ahí anda alguna patrulla o ciertos carritos haciendo investigaciones, no se me paseen muy cerca porque de repente les puede estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros y creo que no la van a contar, fueron las declaraciones de Marroquín que activaron la respuesta institucional.
Tras presentar la denuncia, en la que señala el posible delito de amenazas, Villeda remarcó que es una irresponsabilidad para un funcionario que tiene una representación, dar semejantes declaraciones, pero sobre todo amenazar a la autoridad civil. Subrayó que no hay persona alguna por encima de la ley, sin importar el cargo que desempeñe.
Se trata de una agresión que no puede quedar impune.
El funcionario espera un seguimiento penal a lo dicho públicamente por el alcalde de Moyuta.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Carlos Roberto Marroquín Fuentes, alcalde de Moyuta, #Jutiapa, por declaraciones públicas que podrían constituir amenazas contra personal de la @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/YZ93UB83mJ
— MinGob (@mingobguate) January 16, 2026
Espera solicitud de retiro de antejuicio
El ministro Villeda señaló que la medida busca dar cumplimiento a los procedimientos legales y que, posteriormente, se active el mecanismo de retiro del derecho de antejuicio del que goza Marroquín, para proceder con una investigación más profunda y comience así el proceso penal.
Consideró importante sentar este precedente para evitar las obstaculizaciones a las labores investigativas y de seguridad que llevan a cabo el Ministerio de Gobernación y la PNC. El deber ciudadano guatemalteco es colaborar con las autoridades y no interferir en las investigaciones que hace PNC, remarcó.
Concluyó señalando la apertura institucional a colaborar con cualquier requerimiento que surja en el seguimiento a esta carpeta.
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