Ciudad de Guatemala, 17 oct (AGN).- El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) concluyó la socialización de la iniciativa de una nueva ley de contrataciones públicas. La jornada estuvo dirigida a representantes de la sociedad civil y diversas instituciones estatales.
Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, informó:
Esta iniciativa responde a la necesidad de contratar bienes, suministros, obras y servicios para garantizar el bien común, mediante un marco normativo actualizado, transparente y eficiente.
Este proceso se inició con dos sectores, el sector privado y asesores que representan a varios diputados, a quienes se les explicó que la ley vigente data de hace 33 años y tiene 15 reformas, pero aún contiene limitaciones para responder a las necesidades actuales del país.
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— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) October 16, 2025
Eficiencia de procesos
Por su parte, Xiomara Morales, directora general de Contrataciones del Estado, explicó que la propuesta busca la eficiencia en los procesos de contrataciones públicas, definiendo parámetros que optimicen la gestión del gasto público, asegurando la transparencia e integridad en las contrataciones.
Para ello, se incorporaron herramientas acordes con esta era digital, a través de la innovación electrónica, que permitan a la ciudadanía dar seguimiento a todas las etapas del proceso de contratación pública.
Con ello, la población se convierte en observadora y fiscalizadora del uso de los recursos públicos, combatiendo eficazmente la corrupción y el mal uso del gasto.
Asimismo, se dio a conocer que entre los principales beneficios de esta iniciativa destacan los siguientes:
🔎 Promueve procesos abiertos y transparentes mediante el uso de modalidades ágiles como subastas públicas 🏦 y ofertas en mercados de valores 📈.
👩💻 Garantiza… pic.twitter.com/LDyVhgIQU7
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) October 15, 2025
Innovaciones de la nueva ley
Morales señaló que las innovaciones contenidas en la iniciativa de ley promueven buenas prácticas internacionales, beneficiando tanto a los proveedores como a las instituciones públicas.
Estas medidas facilitan los procesos de compra, haciéndolos más eficaces y eficientes, mediante la desburocratización, unificación y optimización de los procedimientos de contratación.
Además, la propuesta brindará oportunidades a los proveedores, eliminando barreras que durante años han limitado su participación en las contrataciones del Estado, colocando en condiciones de igualdad tanto a los proveedores como a las instituciones públicas, con oportunidades equitativas para todas las partes involucradas.
Las autoridades del Minfin destacaron que la nueva ley de contrataciones públicas representa un cambio sustancial respecto a la legislación vigente, al introducir modificaciones significativas en los métodos de contratación y al adoptar buenas prácticas internacionales.
Este nuevo marco normativo busca maximizar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, mediante la implementación de estándares internacionales y principios rectores. En consecuencia, al tratarse de una nueva ley, se derogaría el actual Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.
Durante la actividad también participó Carlos Ortiz, experto internacional 🌎, quien expuso cómo los compradores públicos pueden convertirse en agentes de cambio y contribuir a que las decisiones de contratación 🤝 impulsen la calidad, la eficiencia 📈 y la integridad ✅ del… pic.twitter.com/4O7GUgg0cR
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) October 15, 2025
Cambios sustanciales
Al concluir esta serie de diálogos se determinó que esta nueva ley busca:
- Crear el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
- Se introducen principios rectores de las contrataciones públicas.
- Se crean e institucionalizan la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Registro General de Proveedores del Estado, la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Contrataciones Públicas y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, como órganos especializados del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, con funciones de rectoría y competencia específica.
Además, se establecen las figuras de Autoridad superior, Autoridad administrativa y Autoridad de la Unidad Ejecutora, como responsables de la toma de decisiones dentro de los procesos de contratación pública, cuyas actuaciones se desarrollarán de manera integral conforme a lo establecido en la ley y su reglamento.
También establece el uso de formularios electrónicos estandarizados, entre otros que serán presentados al Legislativo.
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