Ciudad de Guatemala, 29 jul (AGN).- La décima sesión extraordinaria del Congreso de la República, celebrada esta mañana, tuvo como objetivo principal continuar con la interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya. Aunque estaba programada para las 11:00 horas, el retraso en la asistencia de los diputados provocó que empezara 45 minutos tarde. Fue hasta que se contó con la presencia de 81 parlamentarios que finalmente se dio inicio a los trabajos legislativos.
La interpelación, promovida por el diputado Bequer Chocooj, comenzó oficialmente el 6 de marzo del presente año. Desde entonces, el ministro Barnoya ha asistido a más de diez sesiones convocadas con el fin de avanzar en el proceso. Sin embargo, la dinámica ha estado marcada por constantes interrupciones, principalmente por el rompimiento de quorum, lo que ha impedido una discusión fluida y la conclusión del cuestionario planteado.
EnVivo: 10ª #SesiónExtraordinaria de la #XLegislatura del Congreso de la República. 29-07-2025 https://t.co/uR9qWFx59a
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) July 29, 2025
Pocas respuestas, mismo estancamiento
Durante la sesión de hoy, el ministro logró avanzar en el cuestionario respondiendo la pregunta número 13 de un total de 35. También se abordó la pregunta 14, aunque no se pudo finalizar formalmente debido a la disminución en la cantidad de diputados presentes en el hemiciclo. La sesión fue suspendida una vez más, cuando únicamente quedaban 37 congresistas en el recinto.
Joaquín Barnoya no es el único funcionario pendiente de rendir cuentas ante el Congreso. También figuran en la lista los ministros de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz; y de Ambiente, Patricia Orantes. Todos han sido citados por diferentes bancadas que exigen transparencia y explicaciones sobre la administración de sus respectivas carteras.
La falta de quorum ha sido una constante, obstaculizando la fiscalización efectiva de los ministros. Este patrón de ausencias podría prolongar indefinidamente las interpelaciones y retrasar cualquier intento de rendición de cuentas, afectando la transparencia y el funcionamiento institucional.
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